Yunior Espinosa: “Los que tienen mayores recursos se agencian mejor justicia”
Yunior Espinosa denunció las precariedades económicas que afectan al Poder Judicial y afirmó que la falta de cumplimiento presupuestario por parte del Estado vulnera la equidad en los procesos judiciales del país. Durante su intervención en el programa de televisión Revista 110, Espinosa argumentó que la asfixia financiera fomenta un escenario de desigualdad que distorsiona la aplicación de las leyes. “Cuando el Estado incumple con el poder judicial, le está dejando las manos abiertas y los bolsillos abiertos al sector privado para que se agencie su justicia”, advirtió el analista al analizar la reciente jornada de protestas realizada por los jueces dominicanos.
Espinosa señaló que el impacto de estas limitaciones presupuestarias incide de forma directa en las decisiones y en la independencia funcional de los magistrados, exponiéndolos a influencias externas debido a sus necesidades materiales. En ese sentido, puntualizó que “personas con recursos que no son del poder fáctico tienen la posibilidad de tentar a un juez que está ávido de necesidades y problemas existenciales que resolver”. Explicó además que las consecuencias de este deterioro en el sistema son evidentes en las diferentes ramas del derecho, sentenciando que, lamentablemente en la República Dominicana, “los que tienen mayores recursos se agencian mejores justicia en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito comercial y en el ámbito del derecho inmobiliario”.
Por otra parte, el comentarista cuestionó las prioridades de gasto dentro del propio órgano judicial y respaldó las demandas de mejores condiciones laborales y salarios dignos para los servidores públicos. Espinosa deploró que se hable de un estado social y democrático de derecho cuando se mantiene arrodillada a la judicatura mediante presupuestos complementarios que solo otorgan “una boronita adicional”. Según su análisis, el papel del Poder Judicial es vital para poner límites a las actuaciones de los poderes públicos y proteger los bienes y la libertad de los ciudadanos, un rol que se ve comprometido “mientras sigan exprimiéndola económicamente”.
