Amadeo Peralta: “Con el nuevo código Penal hay gente que va a caer presa y no va a saber por qué”
El nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está pautada para el próximo 3 de agosto, contempla la creación de aproximadamente 73 nuevos delitos que transformarán el panorama legal de la nación, aunque arrastra serias inconsistencias en la dosificación de las sanciones. Al evaluar la pieza legislativa, se advirtió que el texto presenta regulaciones ambiguas debido a que “tiene un aumento de pena desproporcionado para muchas situaciones”. A pesar de que se reconoce que el articulado contiene alrededor de “un 90% de cosas buenas”, también se criticó que mantiene “un 10% de algunas cosas bastante locas o a veces sin sentidos” que requieren una profunda y urgente revisión por parte de las autoridades competentes.
Entre los aspectos más polémicos se encuentran los tipos penales que impactarán de forma directa las plataformas de comunicación digital y las dinámicas cotidianas de los ciudadanos sin la debida precisión jurídica. En este ámbito, se detalló la severidad de disposiciones donde “el simple hecho de que yo te le envíe a una persona un audio, una imagen o un video que tenga un carácter íntimo o que tenga un carácter sexual” podría acarrear sanciones de cinco a diez años de prisión si no se cuenta con una autorización explícita. Este nivel de subjetividad ha generado gran preocupación en el sector jurídico, ya que, al no delimitarse con exactitud los elementos constitutivos de cada infracción, “hay cosas que la gente va a caer preso y no va a saber por qué están presos”.
La aprobación apresurada de la normativa generó contradicciones visibles en el ámbito legislativo, puesto que varios de los congresistas que respaldaron el proyecto ahora impulsan iniciativas para reformarlo antes de su ejecución definitiva. Esta situación evidencia que la pieza no recibió el nivel de escrutinio técnico necesario por parte de profesionales con experiencia práctica en los tribunales del país. Por tales razones, se insistió en que el Congreso Nacional debe escuchar las alertas de la ciudadanía y “abocarse básicamente a ponerle atención a la población y a revisar varios artículos ahí que tienen penas desproporcionadas”, sugiriendo la incorporación de abogados en ejercicio para subsanar estos entuertos legales.
