Mirna Ortiz: alegatos de imputados confirman las acusaciones del Ministerio Público en Caso Antipulpo

La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó que los alegatos presentados por los
imputados del Caso Antipulpo en el Séptimo Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, confirman las imputaciones y
acusaciones hechas por el Ministerio Público.
“Esta declaración de los imputados, lo único que ha logrado es
colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina
Sánchez y sus empresas. Todos los que hicieron uso de la palabra
declararon tener relaciones de amistad, comerciales y políticas
con Alexis Medina, corroborando así con sus mismas palabras
parte de las imputaciones y de las acusaciones que el Ministerio
Público tiene en su contra”, afirmó la coordinadora de Litigación

de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción
Administrativa (Pepca).
Ortiz, quien fue abordada por la prensa en el Palacio de Justicia
de Ciudad Nueva, también se refirió al planteamiento hecho por
el imputado José Correa, quien afirmó al tribunal que era
millonario hace 20 años y que el Ministerio Público lo imputa por
la suma de 200 mil pesos.
“¿Los millonarios no cometen actos de corrupción?, ¿O sólo los
pobres cometen hechos ilícitos?”, cuestionó la litigante del Pepca,
quien señaló que “también aquellas personas que gozan de buen
estatus económico pueden cometer hechos ilícitos y por eso están
imputados y por eso están sentados hoy en el banquillo”.
“Vamos a ver cuando se desarrolle el juicio, si el Ministerio
Público va a tener a una persona ahí sentada por 200 mil pesos”,
añadió.
La procuradora de corte dijo que dentro del fondo, el tribunal
decidirá sobre la solicitud de embargo de las cuentas de los
imputados, hecha por el Ministerio Público y por el Estado
dominicano como querellante.
Ortiz estuvo en el tribunal junto al equipo que encabezó el
procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, y los
fiscales Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto, Héctor
García, José Miguel Marmolejos y Elizabeth Paredes.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el
proceso el próximo viernes 25 de noviembre, a partir de las 9:00
de la mañana.

La audiencia de este lunes fue celebrada, por asuntos de espacio,
en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en
el que los representantes del Ministerio Público presentaron sus
conclusiones en esta etapa de la acusación que consta de unas
3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan
Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen
Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente
Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21
compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de
activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando
Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy)
Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé
Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director
general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles
Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene
unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel
Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar
y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca
Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra
las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L.,
Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L.,
y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el
expediente establece que creó un entramado societario y,
utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente
de la República Danilo Medina Sánchez (periodos
constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de
maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros,
obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad
organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la
asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco,
complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de
documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas,
tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios,
concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública,
así como falseamiento y omisión en la declaración jurada,
enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y
testaferrato.