CONDETRE exige al gobierno cumplir sentencia del Tribunal Constitucional
El Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE) demandó al gobierno dominicano el cumplimiento inmediato de la sentencia TC/0415/16 del Tribunal Constitucional, que ordena la aplicación de incentivos laborales a los técnicos docentes evaluados en 2012.
Juan Ramón Santana Pérez, presidente de CONDETRE, denunció que, a pesar de haber ganado el fallo hace nueve años, el Ministerio de Educación sigue sin cumplir con la disposición judicial. “Es lamentable que el Estado dominicano incurra en el desacato de cientos de sentencias, entre ellas, una que afecta directamente a los trabajadores de la educación”, afirmó.
La sentencia TC/0415/16, emitida el 13 de septiembre de 2016 y notificada el 22 del mismo mes, ordena el pago de incentivos conforme a la evaluación de desempeño docente realizada en 2012. Según Santana Pérez, la ley 66-97 de Educación y su reglamento establecen que todo docente evaluado tiene derecho a recibir incentivos salariales, los cuales oscilan entre un 17% y un 32% según la calificación obtenida.
Desde 2012, CONDETRE ha agotado todas las vías de diálogo con distintas administraciones del Ministerio de Educación para lograr el reconocimiento de estos derechos. Sin embargo, al no recibir respuestas, la organización llevó el caso a los tribunales. En 2014, el Tribunal Superior Administrativo declaró la demanda inadmisible, lo que llevó a CONDETRE a recurrir al Tribunal Constitucional, donde obtuvo una decisión favorable.
La falta de cumplimiento de la sentencia genera un retraso acumulado en los pagos de incentivos que, según lo establecido, devengan una penalidad de RD$5,000 diarios a favor de los afectados. “El Estado no solo viola los derechos de los docentes, sino que además se expone a una obligación financiera creciente”, advirtió Santana Pérez.
CONDETRE exhortó al presidente de la República y al ministro de Educación a cumplir con la sentencia para evitar más perjuicios económicos y garantizar la aplicación de la ley en beneficio de la calidad educativa. “El respeto a las decisiones judiciales es fundamental para el fortalecimiento del Estado de derecho”, concluyó el dirigente gremial.
