Barahona lucha por defender su agua y sus recursos naturales
La Coalición Enriquillo anunció la realización de una marcha caravana con el objetivo de exigir al Gobierno detener la explotación minera de carbonato de calcio en el Bahoruco Oriental, la cual aseguran atenta contra la vida, el agua y la salud de los habitantes de la provincia. Benjamín Batista explicó que el proyecto está instalado en una zona protegida de impacto que afecta la biodiversidad y el ecoturismo, advirtiendo que “está afectando alrededor de 21 ríos y arroyos” y que los acuíferos subterráneos nutren diversas comunidades. Asimismo, denunció que el material extraído es transportado a granel por el malecón hacia el puerto, provocando una severa contaminación ambiental que impide el disfrute de la zona y que hace “insoportable” el ambiente en áreas como el Batey Central debido al polvillo generado por el tránsito de carga pesada.
Los representantes de la organización enfatizaron que han agotado los canales institucionales y que se han reunido en tres ocasiones con el presidente de la República sin obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de agua y tierra. Por su parte, Carlos Diloné criticó las operaciones mineras por cuestiones de conveniencia económica a corto plazo y señaló que, aunque una reubicación de la concesión a una zona baja como Salinas evitaría los daños ecológicos, las autoridades prefieren mantenerla en la montaña porque “está más cerca del muelle”. La coalición también denunció que las obras complementarias de la presa de Montegrande se encuentran abandonadas, mientras que los terrenos con potencial agropecuario están siendo entregados para el fomento del monocultivo de la caña de azúcar, limitando las oportunidades de los productores locales.
Ante este panorama que califican como un “monopolio de la tierra” y un desastre ecológico insostenible, la marcha busca llamar la atención de las autoridades de manera pacífica para exigir un desarrollo integral e inclusivo para la región sur. Entre los pedidos fundamentales presentados por el colectivo se destacan la suspensión inmediata del permiso de explotación en el Bahoruco Oriental —el cual cuenta con 28 impactos negativos—, la finalización de los canales laterales de la presa de Montegrande para garantizar el regadío de la pequeña producción, y que se impida la entrega de nuevas tierras agrícolas al consorcio azucarero. El profesor Carlos Diloné resumió el sentir de los comunitarios al manifestar que “no podemos mirar el desarrollo en contra de la salud de la gente porque lo primero que tenemos que poner en el desarrollo es a la persona”.
