Abogado denuncia graves irregularidades en el proceso judicial sobre derecho de propiedad en Punta Cana
El abogado Stalín Rafael Ciprián ha denunciado graves irregularidades de corrupción judicial en un litigio sobre derecho de propiedad en la provincia de La Altagracia. Ciprián representa los intereses de la familia del difunto abogado Luis Conrado Cedeño, quien adquirió en 1999 un terreno con vocación turística en lo que hoy es el proyecto Downtown Punta Cana.
Según el abogado, la propiedad fue comprada legalmente a un individuo identificado como Baldomero, quien la vendió con un título legítimo. Después de un deslinde realizado en 2005, el terreno fue marcado con una valla publicitaria y ocupado regularmente por Cedeño. Sin embargo, en 2009, la empresa Convivial, que desarrollaba el proyecto Punta Cana, invadió el terreno sin autorización, alegando que le pertenecía.
A pesar de que Cedeño intentó resolver la situación judicialmente, en 2016 se dictó una sentencia que favoreció a los invasores, basándose en una constancia anotada en el registro en lugar de un título definitivo, lo cual Ciprián calificó de “absurdo” en derecho inmobiliario. La Corte Suprema de Justicia ratificó esta sentencia en 2018, y desde entonces, la familia Cedeño ha recurrido al Tribunal Constitucional, que aún no ha podido conocer el caso debido a la falta de documentación clave.
El abogado Ciprián señala que el expediente del caso ha sido “perdido” por la Corte Suprema, a pesar de que la ley exige que toda documentación relevante sea enviada al Tribunal Constitucional. Además, denunció que la sentencia de la Corte Suprema fue emitida sin audiencia previa, lo que evidencia la falta de transparencia y posible corrupción judicial en el proceso.
A pesar de los esfuerzos legales para que el Tribunal Constitucional revise el caso, la falta de pruebas sigue retrasando la resolución, lo que, según Ciprián, “viola el derecho de defensa y el debido proceso”.
El caso sigue siendo un claro ejemplo de los problemas que enfrenta el sistema judicial en el país, especialmente en casos de propiedad y derechos fundamentales, donde la corrupción y la falta de transparencia parecen estar interfiriendo con la justicia.
