Presidenta de Copardom pide reabrir diálogo sobre reforma laboral y advierte impacto de costos en empleo formal

La presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, pidió retomar el diálogo tripartito sobre la reforma al Código Laboral y advirtió que varios aspectos del proyecto continúan sin consenso entre los sectores involucrados. Afirmó que el sector empresarial mantiene preocupación por los costos laborales, la cesantía y nuevas disposiciones introducidas en la Cámara de Diputados.
“Nosotros le mandamos una comunicación al ministro de Trabajo solicitándole que no depositara ese anteproyecto hasta que no termináramos de discutir el tema de la cesantía y los costos laborales”, expresó. La dirigente empresarial explicó que el proyecto fue depositado en octubre de 2024 sin que concluyeran las discusiones dentro del Consejo Consultivo del Trabajo, donde participan representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores.
Uno de los puntos centrales del debate es la modificación del artículo 86 del Código Laboral, relativo al recargo que deben asumir las empresas cuando se retrasan los pagos de prestaciones laborales durante procesos judiciales. “El Senado había aprobado un tope de seis meses, que era la propuesta del sector empresarial, pero los diputados eliminaron esa modificación”, señaló al explicar que actualmente muchas empresas enfrentan cargas económicas superiores al monto de la propia cesantía debido a la acumulación de penalidades durante litigios laborales prolongados.
Durante una entrevista en el programa Síntesis con Michael Hazim, Peña Izquierdo insistió en que la revisión del Código Laboral fue planteada originalmente por el sector empresarial con el objetivo de modernizar la legislación y adaptarla a la realidad económica actual. Consideró que los altos costos laborales representan uno de los principales obstáculos para reducir la informalidad y la reforma es una herramienta para lograrlo.
Asimismo, citó estudios realizados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los que las pequeñas y medianas empresas identificaron los costos laborales como uno de los mayores frenos para emprender y crear empleos formales. Entre las propuestas planteadas por el sector empresarial durante las discusiones tripartitas mencionó ampliar el período de prueba de tres a seis meses para incentivar la contratación de jóvenes sin experiencia laboral.
También defendió la posibilidad de permitir deducciones fiscales sobre provisiones de pasivos laborales y propuso modificar la fórmula de cálculo de la cesantía para que sea determinada en función del promedio salarial acumulado por el trabajador y no únicamente sobre el último salario devengado, pues muchas pequeñas empresas deben recurrir a préstamos para poder pagar prestaciones laborales y sostuvo que el costo total de contratar un empleado formal supera ampliamente el salario base.
Otro de los aspectos cuestionados por la presidenta de Copardom es la inclusión de disposiciones sobre acoso laboral sin una definición específica dentro del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y la ausencia de criterios claros podría generar interpretaciones ambiguas que afectarían tanto a trabajadores como a empleadores.
Asimismo, criticó la disposición que busca limitar a 24 meses la duración de los procesos laborales, argumentando que muchos retrasos obedecen a problemas estructurales del sistema judicial. Frente a este escenario, el sector empresarial solicitó formalmente que el proyecto vuelva a la mesa de diálogo antes de ser aprobado definitivamente.
Durante la entrevista también abordó la posible reforma a la Ley de Seguridad Social y expresó preocupación por propuestas que contemplan aumentos graduales en los aportes de empresas y trabajadores. “Si estamos hablando de reducir costos laborales en el Código, entonces no podemos incrementar al mismo tiempo el costo de la seguridad social”, señaló.
Finalmente, respaldó la indexación del salario exento del Impuesto Sobre la Renta y consideró que esa medida beneficiaría a trabajadores y empresas sin generar costos adicionales para el sector productivo. “Eso incluso ayuda a las empresas porque le da más respiro a los trabajadores sin aumentar el costo salarial”, concluyó.