Yunior Espinosa señala precariedades en cárceles: “Una pena de prisión no es una sentencia de muerte”
El comunicador Yunior Espinosa advirtió sobre la condición de salud que afecta a la población carcelaria en la República Dominicana y cuestionó la respuesta del sistema estatal ante esta problemática. Al referirse a las circunstancias de los recluidos, citó datos atribuibles al Defensor del Pueblo que indican que “alrededor del 80% de los privados de libertad en la República Dominicana tienen alguna condición de salud importante y una gran cantidad de ellos no recibe el tratamiento que amerita”. En ese sentido, expresó que no se puede actuar con saña contra los ciudadanos y sostuvo: “A veces uno siente que se está actuando con venganza con saña contra ciudadanos que en algún momento dado infringen la ley… pero eso no implica que el Estado deje de jugar su rol y que entienda que los privados de libertad son seres humanos”.
Durante su disertación, Espinosa enfatizó que el régimen sancionador no debe comprometer la integridad ni la vida de los imputados o condenados. Manifestó que el objetivo del proceso judicial es la privación de libertad dentro del marco legal, señalando al respecto que “todo el que violó la ley y se le demuestre en un juicio público, oral y contradictorio cumpliendo el debido proceso que sea condenado, pero la condena no es a muerte, es a privación de libertad”. Asimismo, instó a las autoridades competentes a evaluar de manera individual los casos de personas con padecimientos graves cuyo estado de salud resulta incompatible con las condiciones de reclusión.
Finalmente, Espinosa abogó por una intervención coordinada del Ministerio Público, la Procuraduría y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para realizar un levantamiento nacional sobre el estatus de los privados de libertad, en especial aquellos en condición preventiva. Al cuestionar la permanencia de reclusos por falta de recursos económicos para pagar fianzas o multas, afirmó que mantener a una persona bajo custodia genera mayores gastos al Estado que su puesta en libertad. “El objeto de un proceso no es que nadie muera en la cárcel”, puntualizó al requerir medidas que descongestionen el sistema carcelario y garanticen los derechos fundamentales.
