Roberto Santana afirma que el Estado busca sustituir cárceles que operan en recintos militares y policiales

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, informó que el Estado dominicano ejecuta una estrategia orientada a sustituir las cárceles que actualmente funcionan en recintos militares, destacamentos policiales y palacios de justicia, como parte del proceso de reforma integral del sistema penitenciario.

Durante su participación en Revista 110, Santana explicó que en el país existen 55 establecimientos penitenciarios, de los cuales 19 operan bajo el viejo modelo, muchos de ellos ubicados dentro de instalaciones del Ejército o de la Policía Nacional. Precisó que ya hay diez centros licitados para construcción, los cuales no buscan ampliar la población carcelaria, sino reemplazar infraestructuras inadecuadas que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, dignidad ni rehabilitación.

El funcionario detalló que entre los recintos que serán sustituidos figuran cárceles ubicadas en Baní, El Seibo, Nagua, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez y otras demarcaciones donde los privados de libertad permanecen en espacios concebidos originalmente para funciones militares o administrativas, no penitenciarias. Indicó que esta realidad ha sido una de las principales distorsiones históricas del sistema.

Santana explicó que la nueva política penitenciaria se apoya en la reciente ley que declara al sistema de servicios penitenciarios como una entidad autónoma y descentralizada, con presupuesto propio, aunque adscrita al Ministerio de Justicia. A su juicio, este cambio institucional corrige una falla estructural de más de seis décadas, durante las cuales la Procuraduría General de la República acumuló funciones que excedían su capacidad operativa.

En relación con el hacinamiento, señaló que el sistema alberga alrededor de 26 mil privados de libertad, de los cuales unos 16 mil se encuentran en prisión preventiva. Atribuyó esta situación al uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y a la validación sistemática de esa medida por los jueces, pese a que la ley contempla alternativas menos gravosas.

El director penitenciario defendió el traslado progresivo de internos desde la cárcel de La Victoria hacia el centro de Las Parras, explicando que dicho proceso implica evaluaciones técnicas, clasificación de internos y adecuación progresiva de la infraestructura. Informó que Las Parras tiene capacidad final para unos 8,700 internos, aunque actualmente solo dos de sus cinco cuadrantes están operativos.

Santana sostuvo que la reforma no se limita a la infraestructura, sino que incluye el fortalecimiento del sistema progresivo de rehabilitación, la clasificación de internos, el trabajo productivo remunerado, la educación obligatoria y la coordinación con jueces de ejecución de la pena para facilitar cambios en la modalidad de cumplimiento, cuando la conducta del interno lo permite.

Finalmente, advirtió que la sostenibilidad del proceso depende de la voluntad política y de una asignación presupuestaria directa al sistema penitenciario, incluyendo los recursos para alimentación, operación y seguridad. Señaló que sin una transferencia clara de fondos, la autonomía legal del sistema corre el riesgo de convertirse en una formalidad sin impacto real en la transformación de las cárceles dominicanas.