Presidente del ICPARD analiza impacto de medidas anti crisis

Tras la reciente aprobación y promulgación de la Ley 30-26 con medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, Bacilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), explicó que la nueva legislación introduce medidas de impacto inmediato en el flujo de caja del Estado y disposiciones estructurales proyectadas hacia el año 2027, entre estos el incremento de la retención por alquileres a personas físicas del 10% al 15%, el aumento de la base de retención en los honorarios profesionales, la subida de 10 dólares a los pasajes aéreos y el incremento del impuesto a los cheques y transferencias del 0.15% al 0.20%.
Sánchez indica que la legislación transforma los mecanismos de auditoría del Estado. “La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ya cuenta con herramientas de inteligencia artificial capaces de cruzar de forma automatizada los flujos bancarios, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y los consumos de tarjetas de crédito”, advirtió durante su participación en el programa televisivo Síntesis con Michael Hazim.
Sánchez valoró positivamente el equilibrio alcanzado en el texto final de la ley, señalando que presenta luces importantes al atender reclamos históricos como el descongelamiento de la indexación salarial por inflación que estaba pendiente desde 2015, lo que eleva el tramo exento del Impuesto sobre la Renta para los asalariados hasta los 40 mil pesos mensuales. En el ámbito empresarial, calificó como un gran logro la eliminación total de los anticipos financieros para las microempresas, las personas físicas y el sector agropecuario, mientras que para las medianas y pequeñas empresas se simplificó el modelo a solo tres pagos al año con opción de reconsideración automática ante caídas en las ventas.
Finalmente, el especialista resaltó el profundo impacto social de las flexibilizaciones patrimoniales aprobadas, tales como la reducción drástica del 25% al 3% en la tasa impositiva para transferencias de activos y donaciones en vida entre padres e hijos, y el establecimiento de un tope legal para que los recargos por deudas sucesorales nunca excedan el 100% del impuesto principal, lo que destrabará miles de herencias inmobiliarias estancadas.
El presidente del Instituto concluyó que, aunque a nadie le agrada pagar impuestos, la realidad nacional obliga a formalizarse y hacer las cosas bien, instando a los contadores a trabajar bajo una visión estricta de cumplimiento para garantizar la salud financiera de sus clientes.