Minería en San Juan: Ambientalistas advierten sobre riesgos irreversibles para las fuentes de agua
El biólogo y ecologista Luis Carvajal, miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, advirtió sobre la “fuerte efervescencia social” que genera el proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana. Explicó que la iniciativa pretende establecer un “distrito minero” en una zona donde nacen las principales fuentes hídricas de la región, lo cual choca frontalmente con la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Ordenamiento Territorial. “Cualquier cosa que afecte una gota de agua en el suroeste es simplemente impensable”, afirmó Carvajal, destacando que la minería no debe permitirse en cuencas altas cuya función primaria es la producción de agua para riego y consumo humano.
Carvajal cuestionó la legalidad de los procesos actuales, señalando que el Estado ha permitido estudios de impacto ambiental sin realizar previamente una evaluación ambiental estratégica que analice los impactos sinérgicos de múltiples concesiones. Según el experto, el sector minero es su propio peor enemigo debido a prácticas que priorizan el beneficio económico inmediato sobre la seguridad ambiental a largo plazo. “La minería hay que hacerla cumpliendo la ley donde se pueda y como se deba”, subrayó, aclarando que su oposición no es a la actividad económica en sí, sino a su ubicación en ecosistemas frágiles como la Cordillera Central o la Septentrional.
Respecto al contrato con Barrick Gold, el ecologista lo calificó como un “contrato estafa” que carga al Estado dominicano con el pasivo ambiental y los costos de manejo posterior de las presas de cola. Carvajal instó a una revisión profunda de la legislación minera para asegurar que la inversión deje beneficios permanentes y no solo contaminación eterna. “Si el oro vale 3,000, la minería ve la explotabilidad, pero lo que llamamos beneficio inmediato inicial son gastos a largo plazo”, sentenció. Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a vigilar el nuevo proyecto de ley minera para garantizar que responda verdaderamente al interés nacional y a la soberanía sobre los recursos naturales.
