Miguel Valerio dice despenalizar la difamación e injuria sería un error grave

El reconocido abogado Miguel Valerio catalogó como un “error grave” el intento de despenalizar la difamación y la injuria con el fin exclusivo de proteger a funcionarios públicos envueltos en denuncias de corrupción. El jurista aclaró que las sentencias del Tribunal Constitucional no ordenan la exclusión de estos delitos del espectro penal, sino la supresión de las penas de cárcel en favor de sanciones económicas.
Respecto a la preocupación en torno a la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, el experto criticó los consensos de última hora logrados entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la comunicación alternativa. Indicó que, de ser aprobadas las propuestas presentadas, se podría incentivar “un incremento de las difamaciones profesionales y de los ataques falsos con fines de oposición política o corporativa, lo que afectará de forma directa la estabilidad y la legitimidad del Gobierno, desatando severas crisis institucionales”.
Asimismo, advirtió que existen serias contradicciones técnicas en las propuestas donde se establece que las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos no tengan consecuencias penales por difamación e injuria, derivando toda responsabilidad al ámbito civil, excepto cuando afecten la vida íntima.
“El honor es un bien jurídico protegido que no puede extirparse del Código Penal. Pasar estas infracciones en su totalidad a la vía civil desatará un descontrol de difamaciones. Quien tenga poder económico pagará una indemnización en un proceso de dos años y continuará destruyendo reputaciones, lo cual pone en riesgo directo la estabilidad de las instituciones democráticas del país”, afirmó Valerio al ser entrevistado en el programa Síntesis, conducido por Michael Hazim.
No obstante, el doctor Valerio elogió el carácter de la nueva pieza legislativa y celebró la incorporación de tipos penales adaptados al siglo XXI. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la sumatoria estricta de condenas de hasta 60 años de prisión, al entender que esta disposición choca de frente con el principio constitucional de la reinserción social, la cual debe ser el propósito del sistema y no la exclusión perpetua del individuo. A pesar de sus críticas puntuales, se mostró partidario de que el nuevo Código Penal sea implementado de inmediato, argumentando que entre un 80% y un 95% del articulado goza de consenso absoluto y es clave para regular de manera moderna el sistema de garantías fundamentales del país.Por otro lado, Valerio analizó la transición paulatina y la transferencia de competencias del sistema penitenciario desde la Procuraduría General de la República hacia el Ministerio de Justicia. El experto valoró la reforma impulsada por el Ejecutivo al delimitar las funciones de la Procuraduría únicamente a la política de persecución penal, delegando la política criminal general y la representación del Estado en litigios administrativos en el nuevo Ministerio.
Finalmente, reveló que forma parte de la comisión técnica integrada por la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría y la Defensoría Pública para la elaboración de la primera “Guía de Sentencias y Acuerdos de la República Dominicana”, un proyecto que cuenta con el respaldo de agencias internacionales y de la embajada de los Estados Unidos. Tomando como referencia el modelo estadounidense, el jurista defendió la necesidad de uniformar las soluciones alternas al conflicto para otorgar seguridad jurídica e impedir criterios dispares entre jurisdicciones.