Melton Pineda reclama a Corphotels el pago de RD$40 millones tras acuerdo incumplido por el Hotel Guarocuya
El comunicador Melton Pineda, a través de su abogado Francis Ortiz, denunció que la Corporación para el Fomento y Desarrollo de la Industria Hotelera (Corphotels) mantiene retenidos RD$40 millones que, según afirma, le corresponden por las remodelaciones y anexos realizados al Hotel Guarocuya de Barahona durante el período en que Inmobiliaria Pineda administró el establecimiento.
Ortiz explicó en el programa Revista 110 que Inmobiliaria Pineda, Infotep y Corphotels firmaron en marzo de 2024 un acuerdo mediante el cual se reconoció una deuda de 40 millones de pesos por los trabajos ejecutados en el hotel, además de un pacto adicional de 10 millones por concepto de arrendamiento entre Infotep y Corphotels. Como parte del acuerdo, Infotep emitió cheques por 40 millones destinados al pago a Inmobiliaria Pineda y otros 5 millones correspondientes al alquiler.
El abogado indicó que, aunque Corphotels recibió íntegramente los fondos, la entidad no entregó el dinero a Pineda y posteriormente su consejo de administración emitió la resolución 2024-003, fechada el 31 de julio, en la que desconoce el compromiso, pese a que el gerente general anterior había firmado el acuerdo.
Ortiz aseguró que la decisión contradice la legalidad del proceso, ya que todas las revisiones de Contraloría se realizaron y el pago fue aprobado conforme a la normativa. Señaló además que varios juristas consultados —entre ellos Jorge Subero y Eric Raful— recomendaron el cumplimiento del contrato.
El caso será conocido el martes 2 de diciembre ante el Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso de amparo de cumplimiento, con el cual Inmobiliaria Pineda busca que Corphotels entregue los fondos depositados por Infotep.
Ortiz también expresó preocupación por el precedente que este tipo de acciones puede dejar sobre la seguridad jurídica del país. Según afirmó, el actual gerente de Corphotels, Víctor Rogando, declaró que el dinero se encuentra en un certificado financiero generando intereses, lo cual, a juicio de la defensa, constituye una irregularidad, ya que el monto pertenece al contratista.
El abogado llamó la atención de las autoridades y afirmó que situaciones como esta afectan la credibilidad del Estado como contraparte contractual, especialmente cuando los ciudadanos cumplen todos los requisitos establecidos por la ley.
