Laura Peña Izquierdo: Reforma laboral facilita procesos judiciales y ajusta costos para microempresas
La presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, destacó los avances de la reforma laboral, que busca simplificar los procesos judiciales y aliviar la carga económica de las microempresas. Peña Izquierdo subrayó que, a diferencia de la legislación actual, que exigía a los empresarios pagar el doble del valor de una sentencia judicial, con la reforma solo se deberá pagar el monto original, lo que representa un alivio para las pequeñas empresas.
Además, la reforma extiende el plazo para apelar una sentencia, pasando de tres a ocho días hábiles, lo que permitirá a los empresarios contar con más tiempo para gestionar sus recursos. “Esto facilita la resolución de conflictos laborales y, en muchos casos, evitará que los empleadores se vean obligados a pagar sentencias injustas debido a la rapidez de los plazos actuales”, afirmó Peña Izquierdo.
Otro de los avances importantes de la reforma, según Peña Izquierdo, es el aumento de la licencia de paternidad de dos a cuatro días y el incremento de un día adicional de vacaciones después de tres años de trabajo. Sin embargo, la presidenta de COPARDOM destacó que estas medidas deben ser ponderadas cuidadosamente, especialmente para las microempresas que no siempre tienen la capacidad para sustituir a un trabajador durante su ausencia.
En cuanto a la cesantía, Peña Izquierdo explicó que aunque el sector empresarial busca una revisión del régimen actual, han propuesto alternativas como un seguro de desempleo y un tope por salario o por años de servicio, para evitar un impacto excesivo en las empresas. “La cesantía debe ser discutida de manera justa, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, pero también reconociendo la situación financiera de las empresas”, añadió.
Finalmente, la dirigente empresarial insistió en la necesidad de un diálogo abierto entre los sectores empresariales, sindicales y el gobierno, para encontrar soluciones que favorezcan a ambas partes sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.