Julio Hazim analiza el costo de la justicia y cuestiona decisiones del Gobierno: “Hay medidas bien intencionadas, pero mal ejecutadas”
Julio Hazim realizó una extensa reflexión sobre la administración pública, la economía, los litigios familiares y el alto costo de los procesos judiciales en República Dominicana, destacando que “hay medidas bien intencionadas, pero mal ejecutadas”.
Durante su comentario en Revista 110, Hazim partió de una anécdota sobre el licenciado Andrés Terrero, a quien reconoció como un profesional que le enseñó a ver la contabilidad más allá de los libros y balances. Subrayó la necesidad de incorporar contadores públicos autorizados en instituciones clave como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, donde —a su juicio— el conocimiento contable puede prevenir errores y actos de corrupción.
El analista también se refirió al impacto económico de las recientes lluvias, criticando la decisión gubernamental de ordenar el cierre de negocios privados:
“Se pudo sugerir, pero no ordenar. Esa medida fue arbitraria. Hay empresas que perdieron millones, y algunas podrían demandar al Estado”, advirtió.
Hazim señaló que compañías como Central Romana, La Sirena, Bravo, Nacional y los principales bancos tuvieron que asumir pagos de salarios sin operar, lo que —según explicó— generó pérdidas que aún no se han cuantificado.
Asimismo, el comunicador abordó la reciente reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, calificándola como un hecho sin precedentes. Llamó a los líderes políticos a “poner al país por encima de la lucha por el poder en el 2028”.
Otro de los puntos centrales de su comentario fue el análisis del reportaje de El Caribe sobre el costo de los procesos judiciales. Hazim afirmó que el estudio “se quedó corto”, explicando que los gastos reales incluyen honorarios de abogados, fiscales, alguaciles, notificaciones, traslados y el tiempo perdido por las partes.
“El costo de la justicia en este país es tan alto que muchas familias con la razón de su lado no pueden pagar un abogado”, lamentó.
En ese contexto, propuso que personas que hayan cumplido condenas —como los casos de Winston Rick o Antonio Carbone— sean incorporadas como colaboradores voluntarios para reformar el sistema penitenciario, ya que conocen de primera mano sus fallas estructurales.
Hazim también reflexionó sobre los conflictos por herencias entre familias empresariales dominicanas, advirtiendo que esos litigios “no benefician a nadie” y terminan destruyendo legados familiares y reputaciones.
