Desafíos de la Ley 340 y el Proyecto de Reforma en Contrataciones Públicas
“La ley 340 está viejita ya, pero es suficiente porque es lo necesario para saber qué hacer y qué no hacer. El problema está en las áreas grises que, cuando la persona quiere circunvalar, son útiles”, señaló el abogado. Hizo hincapié en la importancia de abordar estas ambigüedades para evitar posibles malentendidos y malas prácticas en la contratación pública.
Álvarez Martínez también analizó el proyecto de ley en discusión, destacando sus avances en términos de agilización y eficientización de los procesos. Sin embargo, manifestó su preocupación por la “incapacidad material de atacar los problemas reales que se le critican a la 340”.
“Este proyecto de ley, aún en borrador, tiene grandes avances que permiten agilizar por un lado y eficientizar por el otro, que son cosas diferentes y necesarias. Pero la incapacidad material de atacar los problemas reales que se le critican a la 340 no está presente”, advirtió el abogado.
En su evaluación, Álvarez Martínez argumentó que el proyecto de ley ignora la práctica común de los últimos 10 años, lo cual considera fundamental para entender las necesidades actuales. Señaló específicamente los procesos de excepción, donde la falta de rigurosidad en los informes técnicos y la difuminación de responsabilidades son temas críticos.
“Los procesos de excepción son literalmente la forma en la cual las instituciones le dan algo a alguien de manera teledirigida. La rigurosidad de los informes técnicos y la responsabilidad de quienes los aprueban están muy difuminadas en la norma del proyecto de ley”, explicó Álvarez Martínez.
Además, el abogado resaltó el problema de la publicidad estatal, que, según él, actualmente está vinculada a las decisiones arbitrarias de quienes la otorgan. Expresó su preocupación por la falta de evaluación objetiva en este aspecto, lo que podría dar lugar a asignaciones presupuestarias poco transparentes.
“La publicidad estatal está lamentablemente volitiva y vinculada a lo que la persona que la otorga quiera hacer. No tiene que hacer una evaluación real, y eso es un problema significativo”, concluyó Francisco Álvarez Martínez.
