Andrés Terrero insta a revisar y derogar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones
En una declaración contundente, el experto en temas de lavado, antilavado, fraude y corrupción, Andrés Terrero, ha expresado su preocupación sobre la recién promulgada Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones. Terrero sostiene que esta ley claramente se encamina hacia la necesidad de ser revisada y derogada, abogando por una nueva legislación que aborde de manera más efectiva los procesos investigativos.
“Es evidente que esta ley va por un camino que lleva de vuelta al Congreso para la creación de una nueva legislación”, comenta Terrero. “Lamentablemente, las cosas que uno lee y ve indican que, como está promulgada, debe ser derogada”, agrega con preocupación.
Terrero, como experto en la materia, señala un aspecto crucial de la ley que le genera inquietud: la falta de mención explícita sobre la intervención de jueces en los procesos establecidos. “La ley nunca menciona la palabra ‘juez’, y evidentemente que lo dice en otras palabras, pero no está claro para que sea interpretado en otra palabra”, destaca el experto.
El comentarista sugiere que el presidente debería considerar llevar el caso al Tribunal Constitucional para que determine si la ley constituye una violación a la Constitución. Terrero también plantea interrogantes sobre la categorización de la ley como ordinaria u orgánica, sugiriendo que el proceso para decidir esto en el Congreso debería ser más transparente y seguir procedimientos establecidos.
Andrés Terrero ha expresado sus inquietudes sobre el manejo de los fondos destinados al 4% de educación en la República Dominicana.
“El 4% de educación es mucho dinero, doctor, pero tiene que ser utilizado con racionalidad”, afirma Terrero. El experto se centra en la reciente adquisición de guaguas escolares, expresando su incertidumbre sobre si estas fueron compradas por el Ministerio de Educación o si pertenecen a sindicatos o empresas privadas. Terrero destaca la importancia de la transparencia en este aspecto y espera que el Ministerio aclare la procedencia de estos vehículos.
Haciendo una analogía con la compra de ambulancias por parte del Estado, Terrero sugiere que adquirir guaguas directamente podría ser un error. Propone la posibilidad de establecer contratos con organizaciones especializadas, como la Cruz Roja Dominicana, para gestionar los servicios de transporte escolar de manera más eficiente.
