Senador Franklin Romero: Código Penal incluirá castración química para violadores y sanciones ambientales

El senador Franklin Romero, representante de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que el nuevo proyecto del Código Penal contempla medidas inéditas en materia de justicia penal, incluyendo la castración química voluntaria para violadores de menores de edad, así como la inclusión de sanciones penales por delitos ambientales, áreas que antes no estaban contempladas en dicho código.

Durante una entrevista, Romero destacó que el Código está en una etapa avanzada de revisión y que se han logrado consensos importantes sobre temas sensibles como el aborto, manteniéndose penalizado bajo el amparo del artículo 37 de la Constitución. Explicó que dos causales ya están cubiertas constitucionalmente: el derecho a la vida y la autorización médica cuando la vida de la madre está en riesgo.

En materia de seguridad y protección a la mujer, el senador resaltó la introducción de medidas telemáticas en las órdenes de alejamiento por violencia de género, lo que permitirá a las autoridades usar localizadores para evitar acercamientos entre agresores y víctimas, reduciendo los casos de feminicidios.

Otro punto destacado por Romero fue la inclusión de un régimen especial de protección estatal para hijos huérfanos producto de feminicidios, asegurándoles alimentación, salud, educación y pensión hasta los 18 años.

Asimismo, el senador confirmó que se trabaja para que los delitos ambientales tengan un tratamiento penal adecuado, con sanciones proporcionales al daño causado, los cuales se incluirán en los artículos finales del código, específicamente alrededor del artículo 397.

Finalmente, Romero expresó su respaldo a las 15 medidas migratorias adoptadas por el presidente Abinader, aunque reconoció que han afectado sectores como la agricultura y la construcción. Apoya la creación de un plan de regularización laboral para extranjeros, y advirtió que se aplicarán penas de hasta 40 años contra funcionarios que participen en redes de trata y tráfico de personas.