La CCRD y su Informe Anual al Congreso
El marco constitucional de la República Dominicana delega en la Cámara de Cuentas funciones fiscalizadoras esenciales sobre los recursos públicos, cuyo eje central es la remisión de un dossier de auditoría hacia el Poder Legislativo. De acuerdo con las precisiones del especialista Andrés Terrero en el programa de televisión Revista 110, se constata un marcado desconocimiento generalizado en la población respecto a la verdadera utilidad de esta herramienta técnica. Al respecto, el analista expuso que “en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana constitucionalmente se establece… que la Cámara de Cuentas tiene como función principal emitir un informe anual al Congreso de la República Dominicana donde incluya las auditorías realizadas en el año anteriormente y la revisión de la ejecución presupuestaria”.
En este sentido, se detalló que este procedimiento dota al organismo del estatus de auditor externo del patrimonio gubernamental, lo que obliga a los comisionados a emitir un dictamen formal con juicios y opiniones claras sobre la transparencia de los gastos. Andrés Terrero puntualizó que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de escudriñar dicha documentación para emitir veredictos políticos, manifestando que “el poder congresional revisa el informe de la Cámara de Cuenta y determina si le puede dar el descargo o no al poder ejecutivo o sea al presidente”. Asimismo, trajo a colación paralelismos internacionales en los que fallos e indagaciones de tribunales homólogos han provocado la destitución de jefes de Estado tras detectar anomalías financieras graves en la administración de las rentas públicas.
Por otra parte, el experto externó sus consideraciones técnicas respecto a las publicaciones de prensa que señalan supuestas discrepancias contables y proyectos paralizados con fondos asignados, instando a los congresistas a interpelar las conclusiones de los auditores. Finalmente, el analista evaluó de manera crítica el devenir histórico que ha tenido el organismo fiscalizador nacional frente a los retos de transparencia que demanda la sociedad, argumentando con severidad que “yo creo como lo dijimos en un informe público que la Cámara de Cuenta ha sido un lastre para la República Dominicana”. En su conclusión, sostuvo que este dictamen negativo se sustenta en que la entidad “ha sido un lastre porque no ha hecho lo que la ley dice que hay que hacer en esas funciones”.
