Director de Impuestos Internos aboga por una reforma fiscal integral para simplificar el sistema y reducir la evasión tributaria

El director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, afirmó que la República Dominicana se encuentra en un punto donde se hace necesaria la aprobación de una reforma fiscal integral que adecúe, organice y simplifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
Argumentó que el actual Código Tributario data del año 1992 y que, aunque ha recibido parches normativos a lo largo del tiempo, estas sucesivas actualizaciones han terminado por complejizar el sistema para los ciudadanos y empresarios. «Hemos llegado a un punto donde las leyes existen, pero la complejidad hace que sea sumamente difícil pagar. Solo una reforma integral nos resolverá este tema estructural», manifestó Urrutia Sangiovanni, tras declararse opuesto a la existencia de tasas diferenciadas del ITBIS (actualmente de 18%, 16% y 9%) y sugerir la conveniencia de unificar el impuesto al consumo en una tasa única más baja (entre el 12% y el 14%) para facilitar la administración fiscal.
Metas presupuestarias y superación de recaudación
Respecto a la sostenibilidad financiera del Estado, el titular de la DGII reveló que la meta de recaudación asignada por los ministerios de Hacienda y de Economía para el presente año fiscal asciende a 962 mil millones de pesos. Informó con satisfacción que la institución ha logrado cubrir y superar estas metas mensuales de manera consecutiva durante los primeros cinco meses de su gestión, situándose en niveles de cumplimiento de entre el 101% y 102%.
A pesar de acumular un excedente de unos 16 mil millones de pesos por encima de lo planificado, Urrutia Sangiovanni aclaró que la presión de gastos extraordinarios derivados del entorno internacional —tales como los subsidios a los combustibles— elevan la necesidad real de recaudación del Estado por encima de un billón de pesos para este año.
Planes de formalización y fiscalización de contribuyentes
Al participar en el programa Revista 110, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) precisó que la estrategia de la institución no se fundamenta en la persecución deliberada o el acoso administrativo, sino en la apertura y el diálogo para elevar los niveles de formalización voluntaria. En tal sentido, diferenció el estatus de los contribuyentes «omisos» frente a los evasores que operan totalmente fuera de la legalidad, a los que definió técnicamente como “silvestres”.
«Un omiso no necesariamente es alguien que quiere evadir; muchas veces se convierte en omiso por la dificultad extrema de cumplir con el sistema», puntualizó. Para este grupo que ya está registrado dentro de la plataforma, la DGII mantiene un llamado al acercamiento directo con el fin de corregir distorsiones. En contraste, para capturar y formalizar a los sectores que permanecen fuera de la administración tributaria —ejerciendo una competencia desleal contra las empresas formales—, Urrutia Sangiovanni adelantó que se implementarán rigurosas medidas destinadas a elevar la «percepción de riesgo» en la población y combatir el fraude.
De igual forma, se aclaró que la Dirección General de Fiscalización trabaja bajo un modelo moderno de gestión basado en riesgo, apoyado en el cruce de datos propios y de terceros, desmintiendo el mito de que presentar una declaración rectificativa voluntaria desencadene de manera automática una auditoría fiscal.
Posición sobre anticipos y otros temas tributarios
Durante la entrevista, el director de la DGII fijó una postura firme en contra de la eliminación de los anticipos, señalando que constituyen una herramienta vital de financiamiento para el Estado. Explicó que, lejos de ser un alivio, removerlos complicaría gravemente la liquidez de las empresas al finalizar el año, obligándolas a buscar la totalidad de la carga impositiva acumulada en un solo pago y fomentando indirectamente que se recurra a prácticas fraudulentas para reducir de forma artificial la base imponible.
Por otra parte, destacó el robustecimiento del control fiscal mediante la Facturación Electrónica, herramienta internacional que sustituye gradualmente los comprobantes impresos y que reduce la evasión mediante la compra de facturas con costos fraudulentos. Recordó que la institución otorgó una prórroga de seis meses para la implementación obligatoria de este mecanismo en el último tramo de contribuyentes (pequeñas y medianas empresas), priorizando el cumplimiento sobre las multas.
Finalmente, el funcionario enfatizó la rigurosidad en la fiscalización de las declaraciones juradas de sociedades mediante la obligatoriedad de completar los anexos relativos a la identificación de los beneficiarios finales y accionistas mayoritarios, en estricto cumplimiento con la legislación vigente en materia de lavado de activos. Respecto al uso de fideicomisos, advirtió que la institución se mantiene vigilante para evitar que se distorsione este instrumento jurídico con el único fin de migrar la operación normal de un negocio para erosionar la base imponible de las empresas.