Rodríguez Huertas analiza debate jurídico por calificación penal en caso Jet Set
La discusión en torno al caso de la discoteca Jet Set y la calificación jurídica que deberá aplicarse a los propietarios del establecimiento, determinará el alcance de las posibles sanciones penales. El jurista Olivo Rodríguez Huertas explicó que, hasta el momento, el Ministerio Público ha sustentado su acusación bajo la figura de homicidio involuntario, conforme al Código Penal vigente al momento de ocurrir los hechos. Esta tipificación contempla una pena máxima de dos años de prisión, lo que ha generado cuestionamientos en la opinión pública y entre familiares de las víctimas.
Sin embargo, diversos actores civiles constituidos en el proceso han planteado una interpretación distinta de los hechos, argumentando que la conducta de los propietarios podría trascender la imprudencia y configurarse como un homicidio voluntario bajo la modalidad de dolo eventual. Esta figura implica que, aun sin intención directa de causar daño, los responsables habrían actuado con conocimiento del riesgo y aceptando sus posibles consecuencias.
Durante un análisis en el programa Síntesis, Rodríguez Huertas indicó que esta diferencia de criterios será determinante en el desarrollo del proceso, ya que implicaría un cambio sustancial en la escala de penas. “No es lo mismo hablar de imprudencia que de dolo eventual; el impacto jurídico es completamente distinto”, explicó.
El especialista precisó que la decisión final sobre la calificación penal recaerá en el juez de fondo, en caso de que el proceso avance a juicio. En ese escenario, el tribunal tendrá la facultad de acoger o variar la tipificación inicial, siempre garantizando el derecho de defensa de los imputados.
En otros temas, Rodríguez Huertas explicó que los acuerdos dentro del sistema judicial son mecanismos legales y necesarios para evitar el colapso del sistema, aunque precisó que los acuerdos civiles entre imputados y víctimas no afectan la acción penal. Asimismo, abordó figuras como el criterio de oportunidad y el proceso penal abreviado, utilizados para agilizar procesos y fomentar la colaboración en investigaciones complejas.
Otro de los temas abordados fue la nueva legislación sobre bienes incautados, que busca evitar su uso indebido por parte de funcionarios. En ese sentido, se destacó la creación de una entidad especializada adscrita al Ministerio de Hacienda para la administración de estos activos.
Finalmente, Rodríguez Huertas valoró positivamente las acciones disciplinarias emprendidas dentro del propio Ministerio Público, incluyendo casos recientes contra fiscales, señalando que estos procesos fortalecen la credibilidad institucional y reflejan avances en la profesionalización del sistema.
