Yunior Espinosa aboga por promulgar la normativa penal que requiere la República Dominicana en lugar de un texto condicionado por conveniencias

El abogado Yunior Espinosa manifestó la urgencia de reestructurar el marco punitivo del país para que se ajuste de manera integral a las demandas sociales y normativas vigentes, al señalar que “tenemos un reto y es verdad de tener un código, pero no puede ser el código que a mí me convenga, tiene que ser el código que necesita la República Dominicana”. En ese contexto, cuestionó las deficiencias metodológicas registradas en el Congreso Nacional durante el conocimiento del proyecto de ley, indicando que se debió haber estructurado “un código que en mi perspectiva debe contener también y garantizar ese conjunto de derechos que la República Dominicana ha sido signataria de convenciones y acuerdos internacionales”.

Durante su exposición, el analista sostuvo que el enfoque de las reformas ha priorizado el endurecimiento de las sanciones sin una justificación técnica o de política pública comprobable. Sobre este aspecto, cuestionó: “¿Cuál es el estudio que hizo la Cámara de Diputados o el Senado que le dijo que el problema de los delitos y los crímenes en la República Dominicana aumentan porque no tenemos acúmulo de pena o porque las penas son muy leves?”. Asimismo, criticó la falta de sustento técnico al manifestar que “pasamos del ‘dale para abajo’ al aumento de las penas, pero sin ningún criterio; penas que son desproporcionales, que hay un principio constitucional sobre la proporcionalidad que tampoco ha sido tomado en cuenta”.

Espinosa propuso además modificar el criterio para la imposición de multas económicas, aconsejando adoptar esquemas de equidad tributaria en los que la sanción pecuniaria guarde relación directa con la capacidad financiera de quien comete la falta y no únicamente con el salario mínimo. En relación con las deficiencias en el diseño legal que conducen a revisiones judiciales posteriores, el jurista concluyó que en el país “hay un interés de presentar como conquista política la aprobación de instrumentos jurídicos”, por lo que hizo un llamado a construir leyes verdaderamente funcionales al advertir que “al final la ley tiene que ser útil, si no es útil no tiene sentido”.