Virgilio Almánzar denuncia que fiscal se estaría apropiando de terrenos en la zona Este
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Virgilio Almánzar, denunció que un fiscal del Este del país estaría utilizando su posición para apropiarse ilegalmente de terrenos del Estado, valiéndose de información privilegiada obtenida en procesos de desalojo.
Durante su participación en Revista 110, Almánzar explicó que el funcionario posee vínculos con una oficina de abogados que se dedica a tramitar títulos de propiedad a nombre de terceros, amparándose en datos a los que accede en su condición de representante del Ministerio Público.
“Hay un fiscal que es uno de los mayores propietarios de terrenos en la zona oriental. Cuando se realizan desalojos y se comprueba que la tierra es del Estado, esa oficina procede a sacar los papeles. Y todos saben quién es”, reveló.
El activista calificó la práctica como una violación grave a los derechos humanos y a la propiedad pública, señalando que este tipo de actos debilitan la confianza ciudadana en el sistema judicial.
“Estamos hablando de terrenos públicos, de propiedad del Estado, y de autoridades que deberían protegerlos. La corrupción en estos casos no solo es un delito, sino una traición a la función pública”, sostuvo.
Pide investigación oficial
Almánzar hizo un llamado al presidente de la República y al Consejo del Ministerio Público para que dispongan una investigación inmediata sobre las denuncias, advirtiendo que este tipo de maniobras son frecuentes en procesos de desalojo, donde fiscales y policías actúan conjuntamente.
Corrupción y derechos humanos
El presidente del CDDH coincidió con recientes declaraciones de la procuradora general Miriam Germán Brito, quien afirmó que la corrupción constituye una forma de violación de los derechos humanos.
“La corrupción roba recursos que pertenecen al pueblo. Cuando el dinero público es malversado, se violan derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda”, subrayó.
Otros temas abordados
En la entrevista, Almánzar también pidió esclarecer las muertes ocurridas tras un ataque con misil a una lancha en la zona de Alto Velo, donde presuntamente murieron tres personas —dos de ellas dominicanas— durante un operativo antidrogas. Calificó el hecho como una “ejecución extrajudicial desproporcionada” y exigió al presidente una investigación independiente.
Asimismo, propuso una reforma estructural de la Policía Nacional, que contemple descentralización, derechos sindicales y voto para los agentes, con el fin de construir una fuerza verdaderamente civil y democrática.
Reflexión final
Almánzar concluyó reiterando que los derechos humanos no son solo responsabilidad de las organizaciones especializadas, sino de toda la sociedad.
“Cuando la gente comprende que la defensa de sus derechos es tarea de todos, se fortalece la democracia. No podemos seguir callando ante los abusos del poder”, afirmó.
