¿Regularizar 87,000 haitianos? Michael Hazim reacciona
Michael Hazim ha reaccionado con contundencia a la reciente solicitud del gobierno de regularizar a 87,000 trabajadores haitianos del sector construcción, una propuesta respaldada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi). Hazim advierte sobre los riesgos de esta medida y cuestiona los argumentos utilizados para justificarla.
Hazim señaló que la regulación debe aplicarse bajo esquemas ya existentes sin otorgar nacionalidad ni residencia, tal como ocurre en la agropecuaria. “Podemos dar un permiso de trabajo sin necesidad de otorgar una residencia o nacionalidad a un nacional haitiano”, enfatizó.
Asimismo, desmintió la afirmación de que en las construcciones dominicanas se cumple la normativa del 80% de trabajadores dominicanos y 20% extranjeros. “Sabemos que eso no es cierto. En el sector de la construcción, la proporción es más cercana al 99% de trabajadores haitianos y 1% dominicanos. No podemos justificar esta regularización con un argumento que no es real”, argumentó.
Hazim también abordó el tema de los beneficios sociales, sugiriendo que a los trabajadores extranjeros se les cobre por los servicios de salud y educación que reciben en el país. “Si están organizados, pueden pagar seguridad social, como lo hacemos todos los dominicanos”, añadió.
Por otro lado, el comunicador abordó otro tema de interés nacional: la explotación de tierras raras en la República Dominicana. Destacó la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio y la importancia geopolítica de estos minerales en el mercado internacional. “Si Estados Unidos está interesado, significa que hay un valor estratégico en nuestras reservas”, indicó Hazim, llamando a un debate sobre la exploración y explotación de estos recursos.
Finalmente, Hazim resaltó la necesidad de transparencia en los contratos mineros y advirtió que las comunidades afectadas deben ser consideradas desde el inicio. “Debemos evitar situaciones donde, después de que se concedan los derechos de explotación, aparezcan problemas de desalojo y conflictos sociales”, advirtió.
