Preocupaciones de Zoila Martínez en oficina Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, mostró en reiteradas ocasiones, preocupación ante a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), debido a la suspensión del pago de las pensiones por invalidez, a los ciudadanos pensionados a través del Autoseguro del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), luego que este fuera disuelto mediante la Ley 397-19 y pasara a ser administrado por la DGJP.
La preocupación del Defensor del Pueblo fue externa durante reuniones laborales y mediante comunicaciones enviadas en varios momentos del año 2020, en atención a las quejas de centenares de ciudadanos y ciudadanas, presentadas ante este órgano constitucional, quienes afectados, acudieron a reclamar el pago de sus pensiones ante la DGJP, siendo remitidos al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDGPPRIL), quien a su vez los envió a la DGJP, manteniéndolos así, en un estado de incertidumbre y desprotección.
En ese sentido, la defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, mediante la comunicación DP-DESP-CE-321-2020 del 03 de septiembre de 2020, enviada a la SIPEN, volvió a solicitar la intervención de esta superintendencia, para que, como institución reguladora del Sistema Previsional Dominicano, ofrezca solución a esta situación, evitando más vulneración a los derechos de las personas, las disposiciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Social.
Es por ello, que hoy el Defensor del Pueblo valora positivamente la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) al emitir la Resolución N0. 516-06, que ordena a la DGJP, entidad del Ministerio de Hacienda, el pago de 44 pensiones que fueron otorgadas por el IDSS, así como otras concedidas a pensionados, en el marco de la Ley 385, sobre los Accidentes de Trabajo; derogada por la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
