Michael Hazim y Andrés Terrero debaten el rol de la Cámara de Cuentas y la validez de sus recientes auditorías

Michael Hazim y el experto en finanzas públicas Andrés Terrero debatieron sobre la pertinencia y legalidad de las auditorías recientemente publicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Hazim cuestionó duramente la estructura y funcionamiento actual de la Cámara de Cuentas, señalando que su accionar parece responder a criterios discrecionales. “No puede ser que un grupo de personas decida cuándo y a quién auditar, y que se reserven el derecho de qué informe publicar. Estamos jugando al circo con temas demasiado serios”, advirtió el analista.
Además, Hazim puso en duda la utilidad real de las auditorías en su estado actual: “¿Sirven para encausar judicialmente a alguien o solo para descargarlos de responsabilidad? ¿Por qué algunas auditorías se publican con años de retraso y sin contexto sobre su prescripción?”
Por su parte, Terrero explicó que el pleno de la Cámara de Cuentas es quien decide, cada año, el programa de auditorías, el cual puede incluir solicitudes externas de otras instituciones o ciudadanos. Aclaró también que las auditorías dadas a conocer recientemente corresponden a períodos anteriores —principalmente del gobierno de Danilo Medina entre 2015 y 2020— y que muchas de ellas llevaban años engavetadas.
“El dictamen del auditor no es simplemente una hoja más del informe. Es un documento técnico que señala si los estados financieros auditados reflejan o no la realidad. Y en muchos de estos casos ni siquiera se trata de estados financieros reales, sino de ejecuciones presupuestarias mal estructuradas”, detalló Terrero.
El especialista también criticó el hecho de que en años anteriores no se llevara una contabilidad organizada desde el Estado, lo que ha dificultado el proceso de fiscalización. “Aún hoy existen entidades públicas que no presentan estados financieros reales. Eso es grave.”
Ambos coincidieron en que la Cámara de Cuentas debe reformarse a fondo, establecer procedimientos claros con fechas límites, y evitar interpretaciones mediáticas que distorsionen el contenido de las auditorías, catalogando irregularidades administrativas como posibles delitos sin fundamento técnico ni jurídico.
El debate, que abordó desde la prescripción legal hasta el uso político de los informes, evidencia la necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad y el sistema de rendición de cuentas en el país.