Julio Hazim: “La ludopatía es lo de menos; el juego y el narcotráfico financian la política en RD”
Julio Hazim afirmó que el verdadero problema detrás del auge del juego en la República Dominicana no es la ludopatía como fenómeno de salud mental, sino el papel estructural que juegan las bancas, los casinos y el narcotráfico en el financiamiento de la política y en la economía nacional. Al comentar un reportaje reciente del periódico Diario Libre, Hazim sostuvo que el enfoque sanitario resulta limitado frente a un entramado mucho más profundo de intereses económicos y de poder.
Hazim señaló que el juego de azar, legal e ilegal, moviliza enormes volúmenes de efectivo que no solo afectan los ingresos de los sectores más pobres, sino que además constituyen una vía idónea para el lavado de dinero y el financiamiento de campañas electorales. A su juicio, los elevados costos de la política dominicana han empujado históricamente a candidatos y partidos a depender de recursos provenientes del juego y del narcotráfico, una práctica que —aseguró— no es exclusiva de una administración o partido, sino que se arrastra desde hace décadas.
El comentarista cuestionó que, pese a la magnitud de estos recursos, el Estado no haya avanzado en una regulación efectiva que permita transparentar el sector y captar ingresos suficientes para reducir el déficit fiscal. Indicó que existen proyectos de ley estancados en el Congreso debido a conflictos de interés, al estar ese órgano legislativo integrado por propietarios o beneficiarios directos de bancas de apuestas.
Hazim también describió el impacto social del juego en los hogares dominicanos, especialmente en sectores empobrecidos donde, según dijo, muchas personas priorizan las apuestas diarias por encima de necesidades básicas como la alimentación. En ese contexto, insistió en que la ludopatía representa apenas la fase extrema de un problema mayor: una economía política sostenida por flujos de dinero ilícito o poco regulado.
Finalmente, sostuvo que la relación entre juego, narcotráfico y poder político ha generado una distorsión institucional profunda, en la que incluso autoridades terminan siendo, en algunos casos, más dañinas que los propios delincuentes. Afirmó que se trata de una situación insostenible a largo plazo y advirtió que, como ocurre con otras actividades ilícitas, quienes se sostienen en esos esquemas rara vez logran permanecer impunes por mucho tiempo.
