JCE Rechaza Solicitud de Elecciones Extraordinarias en La Vega y Genera Debate Jurídico y Político
La Junta Central Electoral (JCE) ha rechazado la solicitud de Opción Democrática y Fuerza del Pueblo para convocar elecciones extraordinarias en La Vega, argumentando que carece de competencia legal para ello. Esta decisión ha desatado un amplio debate sobre las lagunas en la ley electoral y la autoridad para solucionar vacíos de poder en casos excepcionales.
Yunior Espinosa, analista y comentarista, señaló que la resolución de la JCE deja dudas sobre quién tiene la capacidad para convocar elecciones extraordinarias si la propia Junta se declara incompetente. Citando el artículo 95 de la Ley Electoral 2023, Espinosa argumentó que la frase “para cualquier otro fin” podría interpretarse como una facultad para actuar en casos de vacíos de poder, como el que ocurrió tras la renuncia simultánea del alcalde y la vicealcaldesa de La Vega.
“Una ley debe tener utilidad y sentido común”, expresó Espinosa, al tiempo que criticó la aparente reticencia de algunos organismos públicos a tomar decisiones que puedan generar confrontaciones políticas. Añadió que la ausencia de una solución clara podría sentar precedentes peligrosos, donde la institucionalidad se vea comprometida y las crisis de gobernabilidad se perpetúen.
El caso ha llevado a reflexiones más amplias sobre la necesidad de reformar la Ley Electoral para prever escenarios de vacío de poder. Mientras tanto, los partidos solicitantes han anunciado que recurrirán la decisión de la JCE ante instancias judiciales, en busca de una respuesta definitiva al problema.
El comentario de Espinosa también abordó otros temas de interés nacional, como la revisión de las políticas de exoneraciones y las brechas legales que permiten el uso indebido de recursos públicos. Propuso medidas para garantizar una supervisión más estricta y evitar que estos beneficios sean fuente de privilegios que agraven las desigualdades sociales.
La decisión de la JCE y el debate subsiguiente subrayan la importancia de contar con un marco legal robusto y adaptable que permita afrontar las complejidades de la política y la administración pública en la República Dominicana.
