El Incumplimiento de los Fallos del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia: Un desafío para la justicia en República Dominicana
En los últimos años, la Revista 110 ha dado cabida a varios casos judiciales en los que se ha cuestionado el cumplimiento de las sentencias emitidas por las más altas instancias judiciales de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, instituciones encargadas de velar por la justicia, han sido objeto de críticas por su falta de cumplimiento de los fallos dictados en casos clave, lo que ha generado preocupación en la sociedad.
Aunque las personas acusadas de delitos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, se ha observado que el proceso judicial, a menudo, se convierte en una herramienta política para la eliminación de opositores. Recientemente, se han dado casos donde el Estado ha sido señalado por no cumplir con las decisiones del Tribunal Constitucional, particularmente en lo que respecta a la devolución de bienes confiscados y la reparación de derechos violados. A pesar de que el ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, subrayó en múltiples ocasiones que el Estado debe cumplir con las sentencias dictadas por el tribunal, el incumplimiento sigue siendo una constante.
El problema se acentúa cuando los fallos de la Suprema Corte de Justicia no se hacen valer de manera efectiva, afectando la confianza en el sistema judicial. A pesar de los esfuerzos del Tribunal Constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la falta de seguimiento a sus decisiones crea un vacío en la aplicación de la ley. Abogados y ex jueces, como los doctores Felio Olivares y Juan Hiroito Reyes, han expresado su preocupación por la creciente desconfianza en el sistema de justicia, señalando que el tribunal tiene la última palabra en la resolución de los conflictos legales, pero que este poder se ve socavado por la falta de cumplimiento por parte del Estado.
La situación plantea un dilema complejo sobre la separación de poderes y el respeto a las decisiones judiciales, lo que plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y su capacidad para garantizar un verdadero Estado de Derecho. Las recientes intervenciones de figuras como el ex juez de la Suprema Corte Napoleón Estévez, quien fue cuestionado por sus acciones como juez de instrucción, subrayan la confusión que existe en torno a la estructura y función de los tribunales en el país.
La pregunta clave es cómo garantizar que las decisiones judiciales sean realmente implementadas y cómo evitar que el sistema judicial se convierta en un instrumento de manipulación política. Sin una respuesta clara a estos interrogantes, la justicia en la República Dominicana sigue enfrentando desafíos que amenazan con socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
