Banco Central aclara informaciones sobre el proceso judicial relacionado con los terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en interés de mantener
debidamente informados a los agentes económicos y al público en general, advierte
que las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación respecto de
una sentencia que dispone, en perjuicio de esta institución, el pago de US$5 millones
al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en relación con terrenos ubicados en el
área del antiguo Aeropuerto de Herrera, reflejan una visión incompleta de la situación
jurídica del caso.
El proceso judicial al que se refieren las publicaciones ha tenido una extensa
trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el
Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de
Justicia. Sin embargo, la decisión dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los
recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo el
conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.
En cuanto al origen de la operación objeto del litigio, el Banco Central precisa que esta
se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano
para la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Como parte de ese proceso, y a partir
del año 1999, el Banco Central entregó a los contratistas correspondientes, a título de
dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad

localizados en el sector de Herrera, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa
autorización de la Junta Monetaria.
Esa operación tuvo su origen en la suscripción de un contrato de permuta entre el
Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar el 18 de octubre de 1999, aprobado por
el Congreso Nacional, en virtud del cual este último se comprometió a entregar al
Banco Central terrenos ubicados en el municipio de San José de los Llanos, provincia
San Pedro de Macorís, como contraprestación de los terrenos transferidos por esta
institución a los contratistas como pago de la referida deuda que mantenían con el
Estado dominicano.
En consecuencia, el Banco Central rechaza cualquier interpretación de los hechos que
pretenda presentar su actuación institucional como una apropiación ilegal de terrenos o
como una conducta orientada a perjudicar a los contratistas. La institución ha actuado
en todo momento en el marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las
responsabilidades que le fueron asignadas.
El Banco Central reitera su respeto absoluto a la institucionalidad, al debido proceso y
a las decisiones de los tribunales de la República, al tiempo que se reserva el ejercicio
de los recursos legales que correspondan para la defensa de los intereses del Estado
dominicano y de la institución.
El Banco Central continuará aportando ante las instancias correspondientes todos los
elementos documentales y jurídicos que sustentan su actuación y que permitan
establecer con precisión los hechos y responsabilidades relacionados con este
proceso.