Acusan una dominicana en Boston por fraude de US$300.000 al Departamento de Trabajo con robo de identidad agravado para asistencia por desempleo

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La dominicana Raquel Peña (no es la vicepresidenta), residente en
Lawrence, Massachusetts fue acusada en la Corte Federal del Distrito de Boston por un
fraude de $300.000 dólares que cobró al Departamento de Trabajo como beneficios por
desempleo.
Los fiscales dicen que Peña, de 40 años de edad, usaba las identidades falsas de
numerosas personas incluyendo las de su ex esposo, novio y el novio de una hija suya.
Está acusada de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y robo
de identidad agravado.
Fue liberada con una fianza de $250.000, se le ordenó usar un dispositivo de monitoreo
GPS y el juez le prohibió abrir cuentas bancarias o reclamos de desempleo, entre otras
condiciones.
La fianza de $ 250,000 fue garantizada por una casa propiedad de Peña situada en el en
41 de la calle Market en Lawrence.
Peña presentó reclamos fraudulentos por desempleo utilizando información de
identificación personal de otras personas, incluidos nombres, números de seguro social
y direcciones, según una declaración jurada presentada por la agente del FBI en Boston,
Andrea Sciolino.
"Peña reclutó a conocidos para recibir el producto de las reclamaciones fraudulentas en
sus cuentas bancarias, retirar todo o una parte de esos fondos y entregar el efectivo a
Peña”, escribió la agente federal.
La investigación supuestamente conectó a Peña y sus cómplices con más de $300.000
en reclamaciones de desempleo entre mayo de 2020 a marzo de 2021.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES)
creó un programa de seguro de desempleo federal temporal llamado Asistencia por
desempleo pandémico (PUA). PUA es administrado por el Departamento de Asistencia
de Desempleo de Massachusetts, brinda beneficios de seguro de desempleo a las

personas que no son elegibles para otros tipos de beneficios de desempleo, incluidos los
trabajadores por cuenta propia, los contratistas independientes o los trabajadores de la
economía informal.
Algunos de los pagos que Peña cobró excedieron los $5,000.
Un pago a un residente de Lawrence por $917 aparece como evidencia en el caso. Peña
está acusada también de decirle a la persona que recibió ese pago que inmediatamente
sacara todo el dinero y lo guardara.
“No lo deje en el banco", le dijo.
En noviembre, como parte del caso de Peña, la agente del FBI de Boston entrevistó a un
hombre en Puerto Rico que dijo que nunca trabajó ni vivió en Massachusetts, que nunca
solicitó beneficios por desempleo y que no conocía a Peña.
Pero uno de los pagos figura a su nombre con una dirección en la calle Lowell en
Methuen (Massachusetts).
Peña, originaria de República Dominicana, está acusada además de llevar una libreta
con los nombres, números de seguro social, direcciones y otras informaciones
personales de las personas a nombre de las que solicitó los pagos de beneficios.
Se le imputa de trabajar con un ex compañero de cuarto, un ex novio y el novio de una
hija en el plan, añadieron los fiscales.
Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico prevén
una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa
de $250.000 dólares.
El cargo de robo de identidad agravado establece sentencia obligatoria de dos años de
prisión que se cumplirá consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta, un año
de libertad supervisada y una multa de $250.000 dólares.
Después de su aparición en el tribunal federal en Boston y su liberación, se le ordenó a
Peña que se sometiera a la supervisión de un período de prueba federal. También recibió
la orden de la corte de buscar empleo, entregar su pasaporte y no solicitar ningún otro
documento de viaje mientras el caso esté pendiente.
Si Peña tiene algún contacto con la policía, debe informar a su oficial de libertad
condicional federal dentro de las 24 horas y debe usar su nombre e identidad verdaderos
en todo momento.
El Departamento de Asistencia para el Desempleo de Massachusetts colaboró en la
investigación.