Michael Hazim plantea políticas futuras para gestionar alquileres del Estado

Michael Hazim expuso este lunes una serie de propuestas para optimizar esta práctica y generar un uso más eficiente de los recursos públicos. Hazim destacó que el Estado gasta anualmente entre 3,000 y 4,000 millones de pesos en alquileres de propiedades para albergar oficinas y otras instituciones gubernamentales, y que esta situación requiere una planificación estratégica a largo plazo.

Un problema histórico con solución estructural
Hazim explicó que el alquiler de edificios comenzó como una necesidad cuando el crecimiento de las instituciones superó la capacidad de las infraestructuras existentes. Sin embargo, la falta de una política clara ha perpetuado contratos onerosos y, en algunos casos, condiciones poco favorables para el Estado. Citó casos emblemáticos como el edificio ocupado por Indotel, que durante más de 24 años ha pagado alquileres significativos.

Propuestas concretas para el futuro
Entre las soluciones planteadas, Hazim sugiere:

Inventario y revisión de contratos: Auditar los alquileres actuales para identificar posibles sobreprecios, condiciones contractuales desfavorables o irregularidades en las gestiones pasadas.
Construcción de propiedades propias: Invertir en edificios estatales que concentren oficinas por áreas de actividad, como educación, salud o recaudación, para reducir gastos a mediano y largo plazo.
Descentralización de instituciones: Trasladar oficinas fuera del polígono central para descongestionar el tráfico y optimizar el uso del suelo urbano.
Reorganización de almacenes: Construir naves industriales en áreas estratégicas para concentrar los depósitos de las instituciones públicas, reduciendo costos y mejorando la logística.
Impacto económico y social
Hazim también destacó el impacto económico de los alquileres, señalando que aunque estos fondos circulan en la economía local, podrían ser redirigidos a sectores como salud y educación si se optimiza la gestión inmobiliaria estatal.

Finalmente, Hazim instó al gobierno actual a aprovechar la oportunidad de implementar políticas de largo plazo que ordenen y modernicen el manejo de las propiedades públicas, evitando que el problema se perpetúe en futuras gestiones.