CONEP reitera la importancia de la modificación de la ley electoral

El presidente del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, valoró el carácter prioritario dado por el
Congreso Nacional al conocimiento y discusión con fines de aprobación del proyecto de Ley
Orgánica del Régimen Electoral.
El presidente del CONEP destacó que la reintroducción de este proyecto en la actual legislatura
extraordinaria y su reciente aprobación en primera lectura por el Senado, con las
modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, “muestran el interés de los legisladores de
contribuir a la modernización del régimen electoral en la República Dominicana, que es un tema
fundamental ante los procesos electorales venideros y para el fortalecimiento de la democracia
en el país”, expresó.
“Este proyecto legislativo, así como el de la Ley de partidos, agrupaciones y movimientos
políticos, reintroducida en el Senado en esta semana, permitirán contar con un marco jurídico
que responda los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad establecidos en la
Constitución”, sostuvo Celso Juan Marranzini.
Recordó que el sector empresarial, como resultado de un amplio proceso consultivo entre
empresas y gremios empresariales, ya ha expresado ante el Senado de la República y el Consejo
Económico y Social (CES) su posición sobre la pertinencia y la relevancia de la adecuación de la
Ley electoral.
Entre sus recomendaciones, los empresarios llaman a las autoridades competentes a erradicar
definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política; a
evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos, y a fortalecer el escrutinio del
patrimonio de los candidatos y de los aportes que reciben.

Asimismo, el sector empresarial aboga por fortalecer el rol de control y fiscalización de la Junta
Central Electoral (JCE), como órgano rector, mediante su Unidad de Control. Esto le otorga la
facultad de imponer a los partidos políticos cumplir con las declaraciones, los informes y las
obligaciones que garanticen la debida transparencia y fiscalización de sus ingresos y egresos, así
como del financiamiento privado de precandidatos y candidatos, y el gasto de precampañas y
campañas.
El sector empresarial considera fundamental reforzar la potestad reglamentaria de la JCE, que
la autoriza a expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y el cumplimiento de
la ley, una facultad constitucional que se da a este órgano mediante el artículo 212 de la
Constitución de la República Dominicana.