Terrero advierte que falta de declaración jurada implica destitución inmediata de funcionarios
El expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, sostuvo que el incumplimiento en la presentación de la declaración jurada de bienes dentro de los plazos legales constituye una falta grave que conlleva consecuencias severas para los servidores públicos. Al abordar los reportes sobre las omisiones registradas en el Estado, explicó que la normativa vigente fija pautas estrictas de cumplimiento y sanción: “Dice la ley que se consideran faltas graves o de tercer grado aquellos que no presentan la declaración jurada en el tiempo que establece la ley, y la Ley 311-14 manda a que eso se vea en la Ley 41-08, que es la ley del servidor público. Esa ley establece la descripción de cuáles son las faltas graves; dice que una falta de tercer grado o una falta grave equivale a una destitución inmediata del funcionario”.
Asimismo, el comentarista precisó que las obligaciones normativas abarcan a diversas categorías de cargos y no admiten dilaciones prolongadas, cuestionando la permanencia de quienes vulneran estas disposiciones. “Todos los ministros tienen que declarar obligatoriamente 30 días después de que son nombrados y 30 días después de que salen del puesto; por lo tanto, señores, yo creo que esto es sumamente importante y además es delicado que hayan 222 funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan hecho su declaración jurada y que no le haya pasado nada”, aseveró Terrero.
Respecto a las acciones que debe concretar el órgano fiscalizador frente a estas irregularidades, enfatizó la necesidad de aplicar los mecanismos de apremio que contempla la legislación sobre el delito de desacato. “Nosotros, cuando estábamos en funciones, en el informe anual al Congreso indicamos los funcionarios o instituciones que habían entrado en desacato y le mandamos un acto de alguacil a cada uno de los funcionarios de la institución vía el Ministerio Público”, recordó, tras afirmar que la Cámara de Cuentas debe “actuar conforme lo que dice su ley, declarar en desacato a todos esos funcionarios y que el Poder Ejecutivo y las otras instituciones o poderes resuelvan como tienen que resolver”.
