Desproporción en alzas: Michael Hazim cuestiona aumentos en pasajes frente al costo del combustible
Michael Hazim analizó la reciente dinámica de precios en el sector transporte, señalando una marcada incoherencia entre los incrementos aplicados a los combustibles y las alzas en las tarifas de los pasajes. Durante su intervención, Hazim instó a la población y a las autoridades a realizar un análisis numérico riguroso, indicando que en el último mes la gasolina solo ha experimentado dos aumentos que suman 15 pesos, una cifra que representa apenas el 5% del valor del galón. “Tú no puedes subir 20 pesos por una cosa que a ti te subió cinco sin ninguna cuota de sacrificio”, sentenció, subrayando que el combustible no es el único costo operativo de los transportistas.
El comunicador también se refirió al impacto de la situación internacional y la necesidad de una reforma fiscal gradual para abordar problemas estructurales postergados por diversos gobiernos. Hazim destacó que el plan económico del gobierno, trazado ante la crisis en Medio Oriente, busca mantener el crecimiento y los subsidios a sectores clave como los fertilizantes, pero cuestionó la eficacia de subsidiar combustibles de alto costo como la gasolina premium. Sobre este punto, fue enfático al señalar que el apoyo estatal debería concentrarse en los consumos básicos: “el subsidio no debe de ir a la gasolina premium; usted quiere gasolina cara, nosotros siempre hemos dicho que no debe subsidiarse”.
Finalmente, Michael Hazim expresó su preocupación por la implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, advirtiendo sobre un posible colapso del sistema debido a la falta de claridad y periodos de transición para los funcionarios. Según su análisis, las exigencias desmedidas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) contradicen el objetivo de incluirlas en el mercado estatal. “Los funcionarios, con la presión de la implementación de la nueva ley, no están haciendo las cosas correctamente”, advirtió, sugiriendo que la ambigüedad en los procesos y los plazos extremadamente cortos para las licitaciones generarán una ola de impugnaciones que podría paralizar la inversión pública prevista para este trimestre.
