Crisis en el sistema judicial dominicano: acuerdos penales dividen opiniones
Julio Hazim abordó la situación crítica que atraviesa la justicia en la República Dominicana, señalando que el modelo actual de investigaciones es insuficiente. Hazim afirmó que la delación premiada se ha vuelto el eje de los casos de corrupción ante la “incapacidad del sistema para producir investigaciones sólidas”, advirtiendo que, bajo este esquema, “la verdad deja de ser un valor y se convierte en una moneda de cambio”. En ese sentido, subrayó la gravedad del panorama procesal al citar al presidente de la Suprema Corte de Justicia: “Sin acuerdos penales, el sistema no va a colapsar… ¡ya colapsó!”.
Por su parte, Michael Hazim analizó la dimensión económica y recaudatoria de las políticas gubernamentales, sugiriendo que muchas de las medidas recientes, incluyendo los plazos otorgados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), están más enfocadas en paliar el déficit presupuestario que en resolver problemas estructurales. En el debate se planteó que la justicia dominicana a menudo actúa de forma distinta a la estadounidense, donde los jueces tienen mayor discrecionalidad para rechazar pactos si el daño social es elevado. Sobre el contexto local, Julio Hazim lamentó que “aquí parece ser que los jueces acogen 100% los acuerdos que los ministerios públicos lleguen con los imputados”, lo que permite que personas que han devuelto bienes queden en libertad sin cumplir prisión.
La discusión también integró la perspectiva del jurista Marino Vinicio Castillo (Vincho), quien sostiene que el problema de fondo es un “feudalismo judicial” y un uso abusivo de la prisión preventiva que mantiene al 80% de la población carcelaria sin condena. Ante este escenario, Julio Hazim insistió en que la solución planteada por las autoridades no es un asunto de mayor inversión en recursos físicos, sino una transformación profunda: “No tiene que ver con tecnología infraestructura, es el cambio de una cultura organizacional de procedimiento y de ética de los actores procesales”. La nota concluye destacando la preocupación por una justicia que, ante la falta de pruebas contundentes, se ve obligada a negociar la libertad con los propios implicados.
