Andrés Terrero destaca nueva Ley de Contrataciones Públicas como avance clave contra la corrupción administrativa
Andrés Terrero valoró positivamente la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, presentados por el presidente de la República, al considerarlos un paso significativo en el fortalecimiento de la transparencia y el control del gasto público. Durante su comentario en Revista 110, sostuvo que esta normativa, junto con la ley de declaraciones juradas de bienes, constituye uno de los pilares más relevantes en la lucha contra la corrupción administrativa, al establecer un régimen jurídico más claro, moderno y alineado con principios de eficiencia, sostenibilidad y uso de la tecnología.
Terrero explicó que la nueva ley representa una transformación sustancial respecto a la anterior Ley 340-06, la cual carecía de sanciones efectivas para quienes la violaban. En contraste, la normativa vigente incorpora consecuencias penales que van de dos a diez años, amplía su ámbito de aplicación a más entidades del Estado e incluye responsabilidades tanto para funcionarios públicos como para actores del sector privado que participan en procesos de compras y contrataciones. Asimismo, resaltó la obligación de que los encargados y comités de compras presenten declaraciones juradas de bienes, como mecanismo preventivo frente a conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.
No obstante, el analista advirtió que la existencia de sanciones no garantiza por sí sola la reducción de la corrupción, si no se acompaña de una aplicación rigurosa de la ley y de una cultura de consecuencias reales. Señaló que la percepción de impunidad y los acuerdos judiciales que permiten la devolución parcial de fondos públicos erosionan la confianza ciudadana y fomentan tanto la corrupción como la evasión fiscal. A su juicio, el reto principal será aplicar la ley con coherencia, sin presiones mediáticas ni interferencias indebidas, para que el sistema de contrataciones contribuya efectivamente a la rendición de cuentas y al fortalecimiento institucional del Estado dominicano.
