Michael Hazim llama a suplidores y funcionarios a “comenzar de cero” ante la nueva ley de Compras y Contrataciones

Michael Hazim advirtió que la reciente aprobación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones marca un antes y un después en la relación entre el Estado, los suplidores y los funcionarios públicos, por lo que exhortó a todos los actores involucrados a “comenzar de cero” y estudiar a fondo el nuevo marco legal y su reglamento.

Durante su comentario en Revista 110, Hazim explicó que se trata de una ley sustancialmente distinta a la anterior, con procesos más estrictos, un sistema renovado de sanciones, nuevos tipos penales y una mayor responsabilidad individual para los funcionarios que intervienen en los procedimientos. Recordó que el reglamento de aplicación ya fue entregado al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, paso previo a su entrada en vigencia, lo que cambiará de manera integral la forma de hacer negocios con el Estado.

En ese contexto, llamó la atención sobre la aprobación en el Congreso de una ley especial para el pago de deudas acumuladas del Estado correspondientes a períodos anteriores, que involucran a unos 571 suplidores y un monto cercano a los 2,000 millones de pesos. Señaló que muchas de esas obligaciones no cumplen con los requisitos documentales que exige la nueva normativa, por tratarse de órdenes de trabajo, servicios prestados bajo marcos legales previos o incluso casos en los que los contratistas han fallecido.

Hazim sostuvo que, de no establecerse una dispensa clara, esos pagos no podrían ejecutarse sin que los funcionarios responsables enfrenten consecuencias penales bajo la nueva ley. Por esa razón, explicó, se ha optado por identificar con nombre y apellido esas deudas, delimitando su alcance y evitando que se les apliquen retroactivamente exigencias que no existían al momento de su origen.

El análisis incluyó una reflexión sobre el impacto de las nuevas tipificaciones penales y sanciones en procesos judiciales en curso relacionados con pagos del pasado. Hazim planteó que los hechos deben evaluarse conforme a la ley vigente al momento en que ocurrieron, y no bajo normativas posteriores, advirtiendo que este aspecto será determinante en la solidez de los casos judiciales vinculados a contrataciones públicas.

En su intervención, el comunicador insistió en que tanto suplidores como funcionarios parecen no estar asimilando aún la magnitud del cambio. A su juicio, las reglas del juego ya no son las mismas y operar con los criterios anteriores expone a riesgos legales significativos. “Es otro juego”, afirmó, al reiterar que la única vía responsable es estudiar desde cero la nueva ley y su reglamento.

Hazim también abordó otros temas de la agenda nacional, como las protestas de gremios profesionales ante proyectos de reformas y fusiones institucionales, y subrayó la necesidad de que estos debates se den en los espacios de discusión legislativa sin paralizar servicios esenciales como la docencia o la salud.

Finalmente, alertó sobre el crecimiento de fraudes digitales cada vez más sofisticados, impulsados por el uso de inteligencia artificial para clonar voces, suplantar identidades y crear montajes creíbles con logos, facturas y documentos oficiales. Advirtió que este fenómeno representa un riesgo creciente, especialmente para adultos mayores, y llamó a la población a extremar las precauciones, verificar siempre las fuentes y desconfiar de mensajes, enlaces y llamadas aparentemente legítimas, concluyendo que la combinación de tecnología, desinformación y fraude ha alcanzado un nivel preocupante.