Proyecto de ley sobre condominios y rentas temporales busca frenar conflictos vecinales, delitos y vacíos legales en la convivencia urbana
El proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional para regular el régimen de condominios y las rentas temporales se presenta como una respuesta a uno de los principales focos de conflicto urbano en la República Dominicana: la convivencia en edificaciones residenciales y urbanizaciones cerradas. La iniciativa plantea actualizar una normativa vigente desde 1958, considerada obsoleta frente a la realidad social, económica y urbanística actual.
La legislación vigente, la Ley 5038 sobre Condominios, fue concebida para una sociedad predominantemente horizontal y con estructuras familiares homogéneas. Hoy, el crecimiento acelerado de proyectos verticales, el auge de las rentas cortas tipo Airbnb y la mezcla de usos residenciales y comerciales han generado tensiones constantes entre propietarios, inquilinos y juntas de administración, sin un marco claro para resolverlas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación de las rentas temporales en condominios originalmente diseñados como viviendas familiares. La propuesta no prohíbe esta modalidad de negocio, pero establece responsabilidades claras para propietarios y operadores, incluyendo control de accesos, separación de áreas, registro de visitantes y asunción de costos adicionales de seguridad. El objetivo es reducir riesgos asociados a delitos, actividades ilícitas y alteraciones de la convivencia.
El proyecto también contempla la creación de una Superintendencia de Condominios, con facultades de supervisión, mediación y sanción, para ordenar un sector donde actualmente prevalecen criterios discrecionales. Esta entidad permitiría unificar reglas sobre cuotas comunes, uso de áreas compartidas, manejo de servicios colectivos como gas y mantenimiento, y límites a decisiones arbitrarias de juntas de propietarios.
Otro aspecto relevante es la formalización del régimen de condominio en complejos habitacionales construidos por el Estado que carecen de títulos definitivos y normas claras de administración. En estos espacios, la ausencia de regulación ha derivado en apropiación indebida de áreas comunes, usos comerciales no permitidos y deterioro del entorno urbano.
La iniciativa también introduce disposiciones sobre tenencia responsable de animales, usos permitidos de parqueos, responsabilidades de desarrolladores inmobiliarios y regulación de intermediarios en la venta de inmuebles, con el fin de reducir estafas y conflictos legales.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de estudio en comisión legislativa. De ser aprobado, representaría un cambio estructural en la forma en que se concibe la vida en condominio en el país, trasladando la convivencia vertical desde la improvisación hacia un marco jurídico más acorde con la realidad social y urbana contemporánea.
