Castillo Pantaleón examina la detención de Nicolás Maduro y expone las grietas del derecho internacional ante gobiernos no reconocidos
El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón analizó la detención de Nicolás Maduro desde una perspectiva jurídica y geopolítica, señalando que el caso pone en evidencia un vacío estructural del derecho internacional público frente a gobiernos considerados ilegítimos por una parte significativa de la comunidad internacional.
Durante su participación en el programa Síntesis, Castillo Pantaleón explicó que la situación debe entenderse desde el solapamiento entre el derecho interno de los Estados y el derecho internacional, particularmente cuando se trata de crímenes de naturaleza transnacional o internacional. Indicó que, mientras los primeros implican la comisión de delitos que cruzan fronteras y permiten cooperación judicial entre países, los segundos responden a una competencia penal universal prevista en convenciones multilaterales, como ocurre con los crímenes de lesa humanidad.
El jurista sostuvo que, en condiciones normales, la ejecución de una orden de arresto en territorio extranjero requiere coordinación con las autoridades del país donde se realiza la operación. Sin embargo, precisó que este principio se ve alterado cuando el gobierno en cuestión no es reconocido como legítimo, como ocurre con el de Maduro, cuya condición de jefe de Estado no es aceptada por decenas de países, incluyendo la República Dominicana. En ese contexto, explicó que las inmunidades y privilegios propios de un jefe de Estado dejan de ser aplicables desde la óptica de quienes no lo reconocen como tal.
Castillo Pantaleón subrayó que no ha existido una declaración de guerra ni una ocupación militar de Venezuela, sino una operación puntual orientada a ejecutar un mandato de arresto, lo que coloca el hecho en una zona gris del derecho internacional. A su juicio, el problema central es la ausencia de instrumentos jurídicos claros para manejar situaciones en las que se enfrentan gobiernos ilegítimos que, aun así, conservan el control efectivo del territorio y de la fuerza militar.
Al comparar el caso venezolano con otras realidades regionales, como Haití, el jurista afirmó que las decisiones de las grandes potencias suelen estar condicionadas por intereses estratégicos y económicos. Señaló que, aunque en Haití operan redes de crimen organizado y narcotráfico de gran escala, la falta de recursos naturales y de rentabilidad económica reduce el interés internacional en una intervención más decidida, a diferencia de Venezuela, país rico en petróleo y otros recursos.
En el caso haitiano, describió un escenario de Estado fallido, sin control territorial ni institucional efectivo, donde las bandas armadas dominan amplias zonas del país. Indicó que, pese a algunos avances recientes tras el cambio de mandato de la fuerza multinacional hacia una estrategia de supresión de pandillas, la situación sigue siendo crítica y sin una salida política clara, agravada por la inminente expiración del Consejo Presidencial de Transición.
En relación con la República Dominicana, Castillo Pantaleón advirtió que el colapso haitiano tiene consecuencias directas que el país no puede ignorar. Reconoció los esfuerzos del Estado dominicano en materia migratoria y de control fronterizo, pero insistió en que la política pública sigue siendo fragmentada y carente de una visión integral. Criticó la contradicción entre discursos políticos y decisiones en foros internacionales, lo que, a su entender, resta credibilidad a la postura oficial.
El jurista también abordó los avances recientes en materia de justicia en el país, destacando como positivos la aprobación de un nuevo Código Penal, la actualización del Código Procesal Penal y la creación del Ministerio de Justicia. Señaló que estas reformas buscan dotar al sistema judicial de mayor coherencia y eficiencia, aunque advirtió que su implementación requerirá recursos significativos, reglamentos claros y voluntad política sostenida.
Castillo Pantaleón concluyó que tanto el caso de Venezuela como el de Haití reflejan los límites del orden jurídico internacional actual y la necesidad de que los Estados actúen con mayor coherencia interna. Afirmó que los problemas complejos no admiten respuestas simples y que, aunque no siempre existan soluciones definitivas, sí es posible reducir los efectos negativos mediante políticas integrales y decisiones basadas en el interés nacional.
