El costo de no hacer reformas se traduce en más presión fiscal y deterioro de los servicios públicos
El inicio del nuevo año encuentra a la economía dominicana con señales de estabilidad macroeconómica, pero también con tensiones acumuladas que vuelven a colocar en el centro del debate el costo de posponer reformas estructurales, en particular en el ámbito fiscal. Analistas advierten que la resistencia política a asumir decisiones impopulares termina trasladando la carga a los ciudadanos mediante mayor presión tributaria indirecta y servicios públicos cada vez más frágiles.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el país inicia el período con expectativas de crecimiento entre 4 % y 5 %, inflación dentro del rango meta y una política monetaria que busca sostener el dinamismo sin desbordar los precios. Sin embargo, la ausencia de una reforma fiscal integral mantiene un déficit cercano al 3 % del PIB y empuja la deuda pública hacia uno de sus niveles más altos, reduciendo el margen de maniobra del Estado.
Este patrón no es exclusivo de la República Dominicana. En espacios de análisis se citó el caso de Francia, que lleva décadas evitando una reforma tributaria profunda, aprobando presupuestos deficitarios de forma recurrente, con el consecuente aumento del malestar social. La experiencia internacional refuerza la tesis de que postergar decisiones estructurales no elimina el problema, sino que lo agrava con el paso del tiempo.
En el ámbito local, el relevo político iniciado a partir de 1996 ha estado marcado —según el análisis— por una tendencia a evitar reformas de fondo por temor al costo electoral. El resultado ha sido un círculo vicioso en el que la política aplaza lo necesario, mientras la ciudadanía asume el impacto a través del encarecimiento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y una presión fiscal que no siempre se traduce en mejoras visibles.
Durante el año, la economía mostró comportamientos mixtos. Las exportaciones alcanzaron cifras récord impulsadas por zonas francas y minería, pero la demanda interna perdió fuerza y la inflación golpeó productos básicos como arroz, pollo y plátanos. El Banco Central se vio obligado a intervenir tanto con la liberación de encaje legal como en el mercado cambiario para contener presiones sobre el peso, evidenciando los límites de la política monetaria cuando no está acompañada de ajustes fiscales.
En paralelo, el escenario político añade complejidad al panorama económico. El oficialismo enfrenta el reto de definir su candidatura presidencial, mientras la oposición busca reorganizarse tras ciclos de fragmentación. En ese contexto, preservar la confianza ciudadana aparece como un factor clave, especialmente cuando líderes religiosos y sociales insisten en la necesidad de asumir reformas postergadas y enfrentar con mayor transparencia los problemas estructurales del Estado.
El debate se amplía además a temas demográficos y sociales que inciden directamente en las finanzas públicas, como el envejecimiento poblacional, la caída de la natalidad y la creciente demanda de servicios de salud, educación y cuidados. Especialistas advierten que ignorar estas tendencias, como ocurrió en varios países europeos, puede conducir a crisis más profundas que luego resultan mucho más costosas de corregir.
Así, el año arranca con un dilema recurrente: mantener la estabilidad a corto plazo evitando decisiones difíciles, o asumir reformas que implican costos políticos inmediatos, pero que podrían aliviar la presión fiscal y mejorar la calidad de los servicios públicos en el mediano y largo plazo. El precio de no decidir —coinciden los analistas— ya comienza a sentirse en el bolsillo y en la vida cotidiana de la población.
