Rafael Paz afirma que “la población está desesperada con el deterioro de los servicios públicos”

En una nueva edición del programa Síntesis, el dirigente político Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, sostuvo que la situación de los servicios públicos en el país ha generado un profundo malestar ciudadano, lo que motivó a su partido a convocar una manifestación nacional el próximo 30 de noviembre. Paz afirmó que esta marcha no tendrá banderas partidarias, sino que busca expresar el rechazo colectivo ante lo que definió como “carestía y abuso contra el pueblo dominicano”.
Durante la entrevista, el dirigente citó como ejemplos de deterioro el funcionamiento del Metro de Santo Domingo, los apagones y la inestabilidad eléctrica que, según dijo, están afectando incluso a la clase media por los daños a electrodomésticos y equipos. También señaló el incremento del costo de la canasta familiar y una inflación alimentaria que —afirma— supera las metas oficiales.
Paz defendió la necesidad de aplicar la indexación salarial y aseguró que el Gobierno ha incumplido con la ley al mantener congelado el umbral del impuesto sobre la renta desde 2017. Según sus cálculos, un trabajador que gana entre 36,000 y 52,000 pesos pierde alrededor de 2,000 pesos mensuales por la falta de actualización, lo que catalogó como un “golpe a la clase media”. Indicó que la reducción del gasto improductivo, las pensiones especiales y los subsidios mal focalizados permitirían financiar la medida.
El dirigente criticó el aumento del gasto corriente, especialmente el crecimiento de la nómina pública, y aseguró que la baja inversión en infraestructura está afectando la productividad nacional. También cuestionó el endeudamiento con fines de gasto corriente, al afirmar que por primera vez el país toma préstamos para pagar salarios y subsidios, y no para proyectos de desarrollo.
Frente al debate sobre la necesidad de un pacto fiscal, Paz consideró que la República Dominicana requiere más que una reforma tributaria: un rediseño completo del modelo de desarrollo, similar al impulsado en los años 90. Planteó la necesidad de reformas estructurales que reduzcan la burocracia, faciliten los trámites y mejoren la competitividad, citando que el costo regulatorio actual superaría el 5% del PIB.
El dirigente concluyó que el país necesita relanzar su visión de largo plazo y ejecutar transformaciones que permitan eficiencia estatal, crecimiento sostenible y alivio para los hogares golpeados por la inflación y la precariedad en los servicios básicos.