Andrés Terrero cuestiona auditoría de Punta Catalina: denuncia mezcla de periodos y limitaciones en el informe
Andrés Terrero puso en tela de juicio el informe de auditoría sobre Punta Catalina divulgado por la Cámara de Cuentas, al señalar que el documento abarca un período amplio (2013–2021) y presenta limitaciones que debilitan sus conclusiones.
Terrero explicó que el informe final aparece fechado el 28 de enero de 2025 y fue publicado varios meses después, pero advirtió que la auditoría incluye años gestionados por distintas autoridades, lo que, a su juicio, complica la identificación de responsabilidades concretas. Señaló que la Cámara de Cuentas declaró una “limitación al alcance” porque en 2021 no recibió documentación suficiente para revisar las operaciones de ese ejercicio.
“El diagnóstico razonable habría sido cortar el informe hasta 2020 y luego emitir una opinión separada sobre 2021, que corresponde a otra gestión. Mezclar todo causa daño moral y confunde al ciudadano”, afirmó Terrero, quien además criticó la práctica de auditar varios años en un solo informe cuando la ley prevé revisiones por ejercicio.
En lo técnico, Terrero defendió que, según normas internacionales de contabilidad para el sector público, los intereses relacionados con préstamos durante la ejecución de una obra deben capitalizarse como parte del costo de la misma, y no cargarse directamente como gasto operativo una vez concluida. Sobre este punto mantuvo una diferencia técnica con parte de la crítica publicada por Jaimer Gudel.
El comentarista también puso en duda aspectos formales del proceso: se mostró sorprendido porque la firma del informe aparece con fecha anterior a la llegada de ciertos funcionarios —mencionó el nombre del actual director de auditoría—, un detalle que, dijo, requiere aclaración. Al mismo tiempo pidió prudencia y un examen más detallado de los hallazgos, incluyendo la verificación con auditorías externas e informes técnicos ya existentes.
Terrero llamó a evitar conclusiones precipitadas y a priorizar auditorías anuales y puntuales que permitan identificar con precisión cuándo y por quién se tomaron decisiones o se realizaron operaciones cuestionables. “Esto no es solo tecnicismo: una auditoría que mezcla periodos impide responsabilizar correctamente y acrecienta la confusión pública”, resumió.
