Andrés Terrero advierte sobre elevados niveles de evasión fiscal y consecuencias del delito tributario en RD
El analista Andrés Terrero advirtió sobre los altos niveles de evasión fiscal que afectan a la República Dominicana, señalando que los datos reflejan una problemática estructural profunda en la recaudación de los principales tributos estatales. Durante su intervención en el programa Revista 110, Terrero precisó que en el país “el impuesto sobre la renta se evade más o menos un 50% y el ITBIS se evade más o menos un 60% o más”, amparado en reportes internacionales que sitúan la recaudación real del impuesto al consumo en apenas una fracción de su potencial. Explicó que esta situación se alimenta de malas prácticas comerciales y de la proliferación de proveedores informales que se niegan a facturar de manera transparente, lo que genera una “competencia desleal” frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, Terrero enfatizó que estas acciones van más allá de un simple incumplimiento y entran en el terreno de la ilegalidad penal bajo el marco jurídico vigente. “Usted puede evadir impuestos, pero también hay algo que se llama delito tributario, considerado en la ley 155-17 como delito precedente de lavado de activos”, puntualizó el experto. Detalló que conductas como el engaño al fisco y la falsificación o alteración de fechas y compañías en los comprobantes fiscales conllevan severas sanciones penales, al tiempo que recordó la existencia de herramientas de fiscalización en la declaración jurada, como los apartados H1 y H2 del formulario IR2, diseñados específicamente para que la administración tributaria identifique a los “beneficiarios finales de su empresa” y realice los cruces de información pertinentes.
Finalmente, criticó ciertas normativas vigentes en la Dirección General de Impuestos Internos que, a su juicio, perjudican la liquidez de los negocios formales, como la obligación de adelantar el pago de impuestos por servicios facturados que se cobrarán a largo plazo. Al evaluar los mecanismos tecnológicos implementados para mitigar el fraude, señaló que “las facturas electrónicas se supone que también van a ser mágicas y van a ser lo propio” para elevar la recaudación, tal como ocurrió en su momento con las impresoras fiscales. No obstante, lamentó el impacto psicológico que generan los acuerdos judiciales con malversadores de fondos públicos sobre el contribuyente ordinario, argumentando que dichos pactos envían un mensaje distorsionado a la sociedad y desincentivan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en beneficio de los servicios públicos e infraestructuras del país.
