Sentencia 1225/25 del Tribunal Constitucional reafirma que ser gay o lesbiana no es delito en RD; Yunior Espinosa critica la desinformación y defiende el principio de no discriminación

Yunior Espinosa analizó este lunes el impacto de la sentencia 1225/25 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, una decisión que ha generado amplias reacciones en el país y que, según explicó, ratifica que la orientación sexual no constituye delito en el ordenamiento jurídico dominicano.

Durante su comentario, Espinosa recordó que la Constitución dominicana consagra los principios de igualdad y no discriminación, lo que impide que exista sanción penal por la preferencia sexual de una persona. Subrayó que las disposiciones anuladas por el Tribunal afectaban exclusivamente a policías y militares, pero que el problema central era que imponían penas —no simples sanciones disciplinarias— por relaciones consensuadas entre adultos fuera del contexto de sus funciones, lo que las convertía en normas contrarias a la Carta Magna.

Espinosa aclaró que la República Dominicana no penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que, por tanto, ninguna ley sectorial puede establecer castigos basados en la orientación sexual. Agregó que la sentencia no crea derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que elimina normas discriminatorias que “trascendían al ámbito de la intimidad” y pretendían tipificar como delito relaciones que no están prohibidas para ningún ciudadano.

El analista también destacó la importancia de los votos disidentes y salvados dentro del fallo, al considerar que estos enriquecen el debate jurídico y evidencian la diversidad de criterios dentro del propio Tribunal. Asimismo, criticó la manipulación pública del contenido de la sentencia, señalando que algunos sectores han interpretado de manera errónea o interesada su alcance.

Espinosa insistió en que el Tribunal Constitucional actuó dentro de sus atribuciones al declarar inconstitucionales los textos impugnados, al tiempo que defendió que la Constitución debe proteger a todos los ciudadanos por igual. “Si alguien no comparte esta decisión, no está chocando con el Tribunal, sino con el artículo 39 de la Constitución”, afirmó.

Finalmente, llamó a la sociedad a evitar discursos de exclusión y a asumir una visión democrática que reconozca la dignidad y derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Según dijo, lo contrario conduce a “una sociedad intolerante, excluyente y antidemocrática”.