Ramón Santos advierte que el alto costo de los alimentos se sostiene en márgenes ocultos y en la falta de información al consumidor

Ramón Santos afirmó que uno de los principales problemas del aumento sostenido en los precios de los alimentos en la República Dominicana es que el pueblo desconoce cuánto cuesta realmente producirlos, una situación que, a su juicio, se ha convertido en “el secreto mejor guardado” dentro de la cadena agroalimentaria nacional.

Durante su intervención en Revista 110, Santos sostuvo que, tras la pandemia, productores, industriales, intermediarios y comerciantes se acostumbraron a márgenes de ganancia elevados que luego resultan muy difíciles de revertir, aun cuando algunos costos internacionales han disminuido. Indicó que este fenómeno no responde únicamente a factores externos, sino también a distorsiones internas del mercado y a prácticas especulativas que se consolidaron durante la crisis sanitaria.

El analista recordó su experiencia al frente de políticas de precios y programas sociales en décadas pasadas, cuando el Estado tenía un rol más activo en la fijación de márgenes y en la explicación pública de los costos de producción de rubros sensibles como el arroz, el pollo, el plátano y otros alimentos básicos. Señaló que en ese entonces la población podía entender por qué un producto tenía determinado precio, lo que facilitaba la aceptación social y reducía la conflictividad.

Santos explicó que, en el contexto actual de libre comercio, la falta de transparencia sobre los costos reales impide que los consumidores puedan defenderse mejor, comparar precios y ejercer presión racional sobre el mercado. Afirmó que conocer cuánto cuesta producir, transportar y comercializar un alimento permitiría al Estado diseñar subsidios más eficientes y focalizados, especialmente cuando ocurren fenómenos climáticos o crisis sectoriales.

Al referirse al caso del pollo, indicó que el problema reciente combina variaciones de precio con irregularidades en la oferta, especialmente después del período navideño. Señaló que, aunque en diciembre hubo abastecimiento suficiente y precios controlados en algunos puntos de venta, tras el 6 de enero se evidenció una reducción en la disponibilidad en supermercados y un ajuste al alza en los precios, lo que impacta directamente a hogares y pequeños negocios de comida.

Santos ilustró el impacto del pollo en la economía familiar citando el testimonio de propietarios de fondas, quienes dependen en más de un 80 % de esta proteína para la elaboración de los platos del día. Explicó que, aun siendo la carne más económica, su peso en el costo final de una comida es determinante, lo que demuestra su importancia estratégica en la alimentación nacional.

Asimismo, abordó ejemplos de otros rubros agrícolas, como la lechosa y el plátano, donde, pese a existir abundancia en algunos mercados mayoristas, los precios se mantienen elevados debido a acuerdos implícitos entre productores e intermediarios, que fijan precios mínimos de salida desde la finca, trasladando el impacto al consumidor final.

Finalmente, Santos planteó que es responsabilidad del Estado mantener un contacto directo y sincero con los productores para conocer y transparentar los costos reales, y afirmó que solo mediante la publicación clara de márgenes y estructuras de costos se podrá recuperar la confianza del consumidor, estabilizar precios y garantizar una alimentación accesible en un contexto de libre mercado.