Michael Hazim plantea que el reto fiscal no es eliminar exenciones, sino supervisarlas mejor

Michael Hazim afirmó que la discusión sobre cómo aumentar los ingresos del Estado debe centrarse en la eficiencia del gasto y la correcta aplicación de las exenciones, no en su eliminación. Señaló que, aunque la reforma fiscal propuesta el año pasado no avanzó, el país dispone de uno o dos años para fortalecer sus finanzas siempre que la actividad económica se mantenga estable.

Hazim citó opiniones de especialistas como Magín Díaz, quien ha reiterado que no existen riesgos fiscales inmediatos y que cualquier reforma debe ser progresiva y consensuada. A su juicio, el debate debe retomarse desde la formalización económica y la revisión de subsidios, exenciones y nóminas públicas, componentes que condicionan la sostenibilidad del fisco.

Indicó que las exenciones no deberían suprimirse, sino supervisarse rigurosamente para garantizar que cumplan su propósito. Como ejemplo, mencionó las exenciones al gasoil otorgadas a centrales de transporte, que suman cerca de 4,000 millones de pesos al año. Explicó que una sola central puede recibir entre 600,000 y dos millones de galones mensuales con impuestos exonerados, lo que representa entre 1.8 y 10 millones de pesos en cargas fiscales no cobradas, dependiendo del monto del impuesto por galón.

Señaló que estas medidas son válidas siempre que reduzcan los costos del transporte y beneficien al usuario final, pero requieren controles estrictos para evitar desvíos hacia el mercado informal. Citó reportes recientes sobre más de 200 allanamientos vinculados a venta irregular de combustibles exentos, evidencia de fallas en la supervisión.

Hazim también se refirió a los incentivos del sector turístico y la Ley de Cine, afirmando que deben mantenerse para sostener la competitividad, pero asegurando que se utilicen exclusivamente para su finalidad original. Planteó que la modernización administrativa —incluyendo facturación electrónica y mejores herramientas para detectar el no cobro de impuestos— es esencial para ampliar la base tributaria, en un contexto donde más de la mitad de la economía opera en la informalidad.

Sobre la nómina estatal, explicó que su crecimiento responde a la incorporación de policías, profesores y personal de salud, además de aumentos salariales. Consideró necesario optimizar la distribución del personal, evitando concentraciones innecesarias en áreas administrativas y reforzando sectores que requieren mayor presencia, como la educación.

En cuanto a la eficiencia del gasto público, destacó la importancia de revisar las fusiones institucionales implementadas en los últimos años para determinar si realmente redujeron costos. Señaló que algunas integraciones, como la del Ministerio de Economía hacia Hacienda, se concretaron sin mayores contratiempos, mientras otras permanecen sin una integración operativa concluida.

Hazim presentó nuevamente su propuesta sobre la fusión entre el Ministerio de Educación y el de Educación Superior. Explicó que la meta del Gobierno es financiar la educación superior con recursos del 4 % del PIB destinado a educación. Propuso modificar la ley para que dicho porcentaje abarque toda la educación, eliminando la referencia exclusiva a la etapa preuniversitaria. Afirmó que esto permitiría mantener la estructura institucional actual, liberar más de 22 mil millones del presupuesto y evitar una unificación administrativa que —según dijo— no beneficiaría a ninguno de los dos sistemas.