Michael Hazim plantea medidas de cobro para ilegales en salud y educación
Michael Hazim ha insistido en la necesidad de establecer mecanismos de cobro para los inmigrantes ilegales que reciben servicios de salud y educación en la República Dominicana. Durante su intervención en un programa de televisión, Hazim argumentó que los extranjeros en situación irregular acceden a estos servicios sin restricciones, mientras que los ciudadanos dominicanos deben cumplir con una serie de requisitos para beneficiarse de ellos.
Hazim sugirió la creación de un sistema de facturación similar al de otros países, donde los inmigrantes deben pagar por los servicios recibidos. “Un ilegal va a un supermercado y le cobran, se monta en un taxi y le cobran, entonces, ¿por qué no establecer un sistema para cobrarles en salud y educación?”, cuestionó.
El comunicador también abordó el costo del agua potable en el país, destacando que su precio actual está muy por debajo de su verdadero valor. Según Hazim, se necesita una legislación que permita aumentar el precio del agua y garantizar su pago. “No podemos seguir pagando un servicio que cuesta seis veces más de lo que se cobra. Aquí hay que hacer una ley para regular esto, porque ningún gobierno se atreve a tomar la decisión de subir el precio del agua”, señaló.
Además, elogió la inauguración de un centro de monitoreo para la supervisión del sistema de abastecimiento de agua en el Gran Santo Domingo, calificándolo como una medida necesaria para mejorar la eficiencia en la distribución del recurso hídrico.
En cuanto a la crisis haitiana, Hazim celebró la reciente decisión de Estados Unidos de suspender ciertos fondos destinados a Haití y consideró que el país vecino ha demostrado ser ineficiente en la gestión de estos recursos. También resaltó que el gobierno dominicano está evaluando la posibilidad de implementar un sistema de cobro para los inmigrantes ilegales en los hospitales y escuelas del país.
Por último, Hazim propuso la creación de una unidad de control del gasto público para supervisar las compras y contrataciones del Estado, con el fin de optimizar el uso de los fondos públicos y garantizar una mayor transparencia en la administración de los recursos nacionales.
