Michael Hazim explica nuevo régimen de sanciones y consecuencias de la Ley de Compras y Contrataciones
Michael Hazim afirmó que la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, junto con su reglamento recientemente puesto en vigencia, marca un antes y un después en la gestión del gasto estatal, al introducir por primera vez un régimen penal claro y un sistema efectivo de consecuencias. Durante su comentario en Revista 110, explicó que la normativa no es retroactiva y que todos los procesos anteriores se rigen por la ley vieja, mientras que a partir de su entrada en vigor cualquier irregularidad será juzgada bajo el nuevo marco legal, que contempla penas de prisión para funcionarios, legisladores y contratistas involucrados en actos de corrupción.
Hazim destacó que uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad del uso del sistema electrónico de contrataciones, dejando sin validez legal cualquier proceso realizado fuera de la plataforma digital. Asimismo, subrayó la prohibición expresa del fraccionamiento de compras, práctica utilizada para evadir controles y procedimientos, y la creación de una tienda virtual del Estado para la adquisición de bienes estandarizados, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia bajo la supervisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Finalmente, el comunicador resaltó que la nueva ley elimina brechas que existían en la legislación anterior, como la posibilidad de que funcionarios o familiares tuvieran participación en empresas suplidoras del Estado. La normativa prohíbe de forma absoluta cualquier vínculo comercial entre funcionarios y contratistas públicos e impone sanciones de hasta diez años de prisión por sobornos y tráfico de influencias. A su juicio, este “candado legal” fortalece la institucionalidad, mejora sustancialmente los procesos de compras públicas y representa una herramienta clave para mitigar de manera significativa la corrupción administrativa en la República Dominicana.
