Michael Hazim analiza el trabajo de la Defensoría del Pueblo y la situación del centro penitenciario Las Parras
Michael Hazim planteó una amplia revisión del trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Pablo Ulloa, destacando la culminación de la “Ruta de los Derechos” en 120 municipios y los avances en los procesos de conciliación y litigios a favor de ciudadanos. Hazim recordó la etapa inicial de la institución bajo Zoila Martínez y apuntó que la estructura, el presupuesto y el desconocimiento público sobre sus funciones fueron retos que se han ido superando con el tiempo.
En su análisis, señaló que el escrutinio sobre los gastos institucionales debe mantenerse, pero aseguró que las cifras revisadas sobre uso de tarjetas, nómina, salarios y publicidad no evidencian irregularidades proporcionales a las críticas difundidas. Sostuvo que los incrementos salariales, la contratación de personal técnico y el costo de las rutas educativas encuentran justificación en los resultados reportados por la entidad, entre ellos más de 2,190 casos ganados en beneficio de ciudadanos.
En otro eje de su comentario, Hazim abordó la reapertura del complejo penitenciario Las Parras, luego de años de deterioro desde su entrega durante la pasada administración. Basado en informaciones de Roberto Santana, explicó que la infraestructura, aunque entregada como terminada, presentaba deficiencias en su diseño operativo que impedían su puesta en funcionamiento inmediata. Entre los ajustes mencionó la reconstrucción de baños, la división del recinto en varias unidades para mejorar el control de internos y la adecuación de áreas de vigilancia.
Hazim destacó el traslado inicial de 2,400 privados de libertad desde La Victoria hacia Las Parras y consideró que el proceso podría beneficiar hasta 8,000 internos. Subrayó que la meta del nuevo modelo penitenciario debe ser mejorar las condiciones de reclusión y reducir la reincidencia, al tiempo que insistió en la necesidad de disminuir la alta proporción de presos preventivos, que supera el 50% del total de la población penitenciaria.
El comunicador también comentó la decisión del Tribunal Constitucional que anula la facultad de la Dirección General de Migración de imponer impedimentos de salida sin orden judicial, especialmente en casos tributarios. Señaló que la sentencia establece un precedente y delimita con mayor claridad las diferencias entre una investigación fiscal, una infracción tributaria y un delito tributario.
Finalmente, se refirió a las dificultades de las zonas francas textiles tras el vencimiento de incentivos estadounidenses que favorecían la producción regional. Explicó que la pérdida de estos beneficios afectó operaciones como las del parque Codevi y provocó despidos, por lo que consideró necesario que se renegocien los acuerdos para evitar un impacto mayor en la competitividad del sector.
